Las facturas sin contrato del Ayuntamiento de Zaragoza se disparan hasta los 127 millones

El Ayuntamiento de Zaragoza gastó casi 127 millones de euros en reconocimientos de obligación y convalidaciones de gasto, que son facturas que se costean sin que exista un contrato entre el consistorio y la empresa que presta los servicios o provee de los bienes requeridos. Esta cifra es la más alta de los últimos años y supone un incremento notable con respecto al pasado, tal y como se encargaron de recordar ayer en la comisión de Hacienda los grupos municipales del PSOE y ZeC.

En 2014, por ejemplo, y según consta en un informe del área técnica de control financiero del ayuntamiento, el dinero gastado en facturas sin contrato ascendía hasta los 30,3 millones de euros. En 2018 la cifra había subido hasta los 53,2 millones, y en 2020, el primero con el PP el Gobierno, la cuantía ascendía ya hasta los 102,5 millones de euros.

«Le recuerdo, señora (Blanca) Solans –le dijo la edil socialista Marta Aparicio a la concejala de Hacienda– que cuando ZeC llegó a los 50 millones de euros la señora (María) Navarro –entonces portavoz de Hacienda del PP en la oposición– gritaba que esto era ilegal. Y el señor Azcón llegó a llevar a una consejera de ZeC ante la Fiscalía por este asunto. Pero usted tiene suerte porque yo no soy el señor Azcón», declaró la concejala del PSOE.

Tal y como se encargó de recordar la responsable de Hacienda para responder a ZeC y PSOE, este tipo de facturas no es que sean ilegales, pero al no existir una relación contractual entre el proveedor y el ayuntamiento, están sujetas a un menor control. El propio interventor, el alto funcionario que vela por el control financiero en el consistorio, insiste en su informe que «debería ser un objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza reducir» este tipo de pagos «teniendo en cuenta que tienen su origen mayoritariamente en prestaciones contractuales sin contrato, constituyendo ambos motivos situaciones» que el consistorio «debe evitar».

Ya el año pasado este mismo asunto generó polémica y la entonces concejala de Hacienda, María Navarro, anunció que desde el área estaban llevando a cabo un «plan de choque» para sacar adelante los pliegos de aquellos contratos caducados y así poder renovar las adjudicaciones y no recurrir a este tipo de facturas. No obstante, en su informe el interventor señala que ese plan todavía no ha tenido impacto.

«Es evidente que a corto plazo no se ha producido el efecto pretendido ya que en 2022 se ha incrementado el gasto en más de 26 millones de euros», afirma el interventor en su informe.

Por su parte, desde ZeC, Elena Tomás aseguró que «estos desmanes» en la gestión económica suceden por dos razones principales: «han infradotado el presupuesto y no han licitado los contratos». «¿Esto qué supone? Mayores costes para el ayuntamiento, mayores beneficios privados y no contar con pliegos de condiciones que regulen esos servicios sin contrato», afirmó.

En la comisión, Solans señaló que «toma nota» del informe del interventor «para seguir mejorando en la gestión» al frente del consistorio.

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