Política

La DGA no ha solicitado oficialmente un nuevo juzgado para Zaragoza

Nolasco justifica la falta de tramitación señalando a la ausencia de presupuestos generales

La directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, y el vicepresidente primero y consejero de Justiciam Alejandro  Nolasco

La directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, y el vicepresidente primero y consejero de Justiciam Alejandro Nolasco / GOBIERNO DE ARAGÓN

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

El Gobierno de Aragón no ha solicitado la creación del Juzgado de Instrucción número 24 para Zaragoza. Así lo han afirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la comunidad, ante las críticas del vicepresidente y consejero de Justicia, Alejandro Nolasco, que ha acusado a la falta de presupuestos generales la ausencia de este nuevo juzgado.

Desde el Gobierno de España afirman que se atendió a la creación del juzgado número 23 –la documentación fue presentada por el Ejecutivo de Javier Lambán– pero desde entonces «no se ha formulado petición de creación de nuevas unidades judiciales». Mientras, el Departamento de Justicia de la DGA ha insistido en su crítica y ha afirmado que con la ausencia de los presupuestos nacionales «quedaba suspendida la tramitación de nuevos juzgados y en consecuencia, Aragón se vio sin la posibilidad legal de solicitar formalmente la creación de este nuevo juzgado».

Financiación de 12 millones

Durante su comparecencia, Nolasco ha criticado el "doble rasero", justificando el argumento en que "Aragón recibe 0 euros del Estado para la digitalización de la justicia", mientras que "Cataluña recibe 6,6 millones de euros para ello cada año".

Una afirmación también desmentida desde Delegación del Gobierno. "Los criterios de reparto de los Fondos Europeos son objetivos y se han acordado de manera unánime por todas las comunidades autónomas", explican. En detalle, y según la versión de la representación de gobierno central, Aragón ha recibido más de 12 millones de euros (12.368.553 euros exactamente) para proyectos como la digitalización de infraestructuras, reforzar la ciberseguridad o digitalizar el Registro Civil, entre otros, "según se encuentra recogido en el BOE", puntualizan.

"Una vez aclarados estos extremos, el ministerio reitera su voluntad de trabajar conjuntamente en la mejora de la Justicia en los respectivos ámbitos competenciales", concluyen.