Por el momento, solo el 43% de la población aragonesa está pagando el canon de saneamiento establecido por el Gobierno de Aragón y por el que el Instituto Aragonés del Agua ingresó en el 2011 un total de 33,7 millones de euros. A la exención de Zaragoza, que tiene bonificado el 100% del recibo hasta el 2013 porque la ciudad asumió la construcción de su propia depuradora, se suman otros 77.000 ciudadanos que no pagan el canon porque no están incluidos en ningún plan de depuración. Y, además, los más de 18.000 habitantes de Utebo también serán eximidos del pago del recibo cuando se rescinda el contrato para la construcción de su estación y hasta que se licite un nuevo pliego, que redimensionará esta infraestructura de acuerdo con las previsiones de población actuales.
La polémica por el pago del canon, que va destinado a la construcción de las depuradoras de la comunidad en un plan abanderado por el PAR, ha sido constante. Los vecinos de las localidades que cuentan con instalaciones licitadas --que no construidas y en funcionamiento-- pagan el 50% del recibo. Y, aunque se anunció un proyecto de ley que incluía la bonificación del 100% del impuesto en los municipios sin depuradora, el goteo de quejas no se ha frenado. La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) denuncia que los municipios de montaña llevan cuatro años pagando por un servicio que no existe y desde el Ayuntamiento de Utebo se exige incluso la devolución de los recibos.
EL SISTEMA Cuando Zaragoza se incorpore al pago del impuesto --supone el 52% de la población-- el 95% de los ciudadanos aragoneses estará sujeto al abono de esta cuantía --unos 120 euros anuales para una familia de 3 o 4 miembros--. Por eso desde la DGA se insiste en que el sistema de depuración de la comunidad no funcionará si la capital no se incorpora y el consistorio zaragozano sigue argumentando que la ciudad ya se ha pagado su propia depuradora, es decir que no tendría por qué adherirse. Pero la ley, que data ya del 2001, establece que la ciudad tiene la obligación de pagar este impuesto que grava la emisión de aguas residuales.
Las posturas entre ambas instituciones están absolutamente enfrentadas. El asunto se cerró en falso en el 2007 con un convenio que establecía precisamente que sería necesario firmar otro acuerdo para cuantificar el pago que debería afrontar la ciudad, dado que se le deben descontar los gastos de construcción y de funcionamiento de su depuradora, como también establece la legislación. Entonces, los Gobiernos de la DGA y del consistorio eran del mismo signo, PSOE-PAR, la crisis aún se veía de lejos y el problema se escondió bajo la alfombra.
Ahora, la DGA cuantifica en 38 millones de euros al año lo que Zaragoza debería aportar al sistema general si se incorporase al canon sin ningún descuento. Pero la cifra se reduce en el 2013 a 7,1 millones al descontar los gastos de amortización de la depuradora y los costes de funcionamiento y a 10,2 millones en el 2014 y el 2015. Una cuantía que teóricamente permitiría no incrementar el gasto del recibo a los ciudadanos, como marca el convenio entre ayuntamiento y DGA, pero que, de hacerse así, sí restaría ingresos a la institución municipal, que cobra actualmente casi 30 millones de euros anuales en concepto de saneamiento. De momento, la negociación sigue abierta.
