Las mujeres que quieran someterse a un tratamiento de reproducción asistida bajo el paraguas del sistema público sanitario en Aragón deberán ser estériles, presentar algún problema físico diagnosticado por un médico y no superar los 40 años. Son las condiciones fijadas ayer por el Consejo Interterritorial de Salud, que, sin embargo, no despejó dudas sobre si de estos tratamientos, como denuncian algunos colectivos, quedan excluidas las lesbianas y las mujeres que no tienen pareja. La ministra Ana Mato sí deslizó, con todo, que "la falta de varón no es un problema médico".

El consejero aragonés, Ricardo Oliván, se mostró menos enigmático y manifestó que "una mujer, sea cual sea su orientación sexual, que tenga problemas físicos o que como consecuencia del embarazo pueda tener problemas en el feto, podrá acogerse a este recurso sanitario". Pero no fue más lejos. Se limitó a añadir, como también hizo la propia Mato, que "no hacemos más que recoger lo que ya aprobó el consejo en los mismos términos en el 2006, época en la que gobernaba el PSOE, exactamente lo mismo" y recordó que, en Aragón, 1.262 mujeres se sometieron durante el año 2012 a ciclos de fecundación in vitro y a inseminaciones artificiales.

La ministra reconoció, eso sí, que en la propuesta inicial se incluyó, en primer término, la palabra "pareja", si bien se produjo un "problema de interpretación no sé si intencionado o malintencionado", por lo que finalmente se sustituyó por "personas". Estos argumentos no convencieron a los consejeros de Andalucía, País Vasco, Canarias y Asturias, que evidenciaron su rechazo frontal a los postulados del resto de comunidades --la inmensa mayoría, gobernadas por el PP--, al entender que la cartera común de servicios básicos deja fuera de la financiación pública a lesbianas y mujeres sin pareja que pueden ser fértiles, pero que necesitan de estos tratamientos para ser madres.

CRÍTICAS DEL PSOE En ese sentido se expresó, por ejemplo, la diputada del PSOE por Zaragoza, Susana Sumelzo, quien lamentó que "el Gobierno de Rajoy sea el que más trabas pone a la maternidad", ya que para el acceso a las técnicas de reproducción asistida gratuita "impone --añadió-- su modelo de familia tradicional y la heterosexualidad, con el ánimo de promover un único modelo de familia en nuestro país y excluyendo a los nuevos modelos formados por lesbianas y monomarentales". Sumelzo también señaló que, a su juicio, "es un ataque a las familias donde no hay presente un hombre" y "considera de segunda" a estas mujeres.

Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ya anunció que recurrirán la "exclusión" de lesbianas y mujeres solas de los tratamientos de fertilidad financiados por la sanidad pública "si no se aclara qué se considera una esterilidad". La presidenta de la Federación, Boti García Rodrigo, y la de la asociación Galehi, de familias de este colectivo, Gloria Fortún, apuntaron que, de lo contrario, "se dejará fuera a muchas mujeres" y se estará produciendo "una discriminación de base".