La mañana de ayer fue ajetreada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que se encarga de la instrucción del caso de los sobrecostes de las obras de Plaza, un presunto agujero de 50 millones de euros. Por allí pasó uno de los detenidos, el exgerente de la plataforma logística Ricardo García Becerril, a su presentación de cada lunes. Pero también Elena Mariscal de Gante, abogada de Acciona en Zaragoza y actual gerente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la citada entidad y Mariano López Navarro (MLN), investigada por las presuntas irregularidades.
Según fuentes de la empresa, la gerente --acompañada por un abogado del bufete Quatrecasas-- mostró la total disposición de Acciona a colaborar con las pesquisas. Según fuentes de la investigación, esta cooperación incluiría la comparecencia voluntaria de sus dos predecesores en el cargo de la UTE, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, que acudirían en las próximas fechas desde Brasil y Colombia, respectivamente, donde siguen trabajando para Acciona. Ambos gestionaban la empresa en la época de las presuntas irregularidades.
Según informó Efe, la Fiscalía Anticorrupción no solo habría actuado el miércoles ante el inminente desmantelamiento de la sede de la UTE, en Arcosur, sino porque ya se habría producido la destrucción de algunos documentos. Según la agencia, que citó fuentes de la Fiscalía, un primer vistazo a los documentos incautados durante los diez registros de Zaragoza habrían confirmado "punto por punto" las sospechas del fiscal José Grinda sobre los indicios de irregularidades en las certificaciones de obra, movimientos de tierras y pagos en especie a directivos.
La Fiscalía esperará al análisis de esta documentación, pero aún no está claro quién lo llevará a cabo. Según fuentes judiciales, el juez sustituto del titular del Juzgado de Instrucción 1, en coordinación con la Fiscalía, sopesa si será más "operativo" que los analice la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid o si por el contrario sería más útil volver a trasladarlos a Zaragoza, donde se instruirá el caso. Ayer, miembros del Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón pasaron también por el juzgado para interesarse por la cuestión. Mientras se deciden, desde el juzgado confirmaron que están realizando un sinfín de diligencias paralelas desde el viernes, cuando comenzaron la instrucción tras serles asignada por reparto. Lo que no han cursado, aseguraron, es ninguna orden de registro o detención.
Por otra parte, el consejo de administración de la sociedad podría adelantar a este mes de agosto la reunión prevista para el 5 de septiembre. Su presidente, Rafael Fernández de Alarcón, el viernes de la semana pasada remitió cartas a los miembros para plantearles la posibilidad de hacer la reunión este mes.
