Después de ocho horas de pitada en la plaza del Pilar, los trabajadores de FCC Parques y Jardines arrancaron un primer compromiso por parte del Gobierno de la ciudad en el conflicto que mantienen con la dirección de la empresa por la reducción de salarios del 21% aplicado solo dos meses después de hacerse cargo de la nueva contrata. El responsable de Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, les prometió que se sentará a escuchar los incumplimientos que la plantilla denuncia que se están produciendo en el servicio, analizarlos con los técnicos del consistorio, contrastarlo a pie de calle y, si se confirma "tomar medidas". Una forma de entrar en el problema, sobre todo después de que la semana pasada hiciera público un informe municipal que defendía que se estaba dando un resultado aceptable en el contrato.

Aunque, en realidad, lo que decía la moción presentada por IU, y defendida por el concejal Raúl Ariza, era que se piense en la rescisión cuando se confirme que lo que dicen los trabajadores es cierto. Una petición que salió aprobada por unanimidad, para satisfacción del personal que se encontraba en la calle, entonces soportando la lluvia y el férreo marcaje de más de una decena de policías. Se rescindirá el contrato si se comprueba el incumplimiento del pliego con infracciones muy graves. Aunque el propio Blasco abogó por que ambas partes traten de llegar a un acuerdo que aborte la huelga programada para el 24 de abril y que "no vamos a dar por hecho cualquier denuncia".

Ariza sostuvo que la empresa ha "incumplido" y que el informe que maneja desvela que el 67% de los espacios verdes son mejorables. Por lo que es evidente que se debe volver a sacar a concurso el contrato. Mientras, el portavoz de CHA, Juan Martín, respaldó su petición y mostró su solidaridad con los trabajadores.

Por su parte, el concejal del PP Sebastián Contín lamentó las "gravísimas" acusaciones de la plantilla a FCC pero también apuntó que si hay rescisión, a tres meses de iniciar la contrata, pedirá "responsabilidades".

El comité de empresa intervino en el pleno para denunciar que este es "un conflicto político, económico y social", no solo laboral, porque se ha externalizado el servicio a manos de una multinacional que encarece los costes por un beneficio industrial que acaba precarizando el servicio. Además, han entregado un informe al Observatorio de la Contratación que, dijo, demuestra los incumplimientos.