Los representantes de los abogados y procuradores aragoneses han solicitado al Gobierno de Aragón que la presidencia de la comisión de justicia gratuita (en realidad de las tres, ya que son provinciales) sea rotatoria. Actualmente la ostenta siempre un representante de la Administración, lo que para los letrados supone desvirtuarla como órgano de debate.
Fuentes de la Consejería de Justicia indicaron que en principio la propuesta les parece bien, pero falta el visto bueno de sus servicios jurídicos para tramitarla.
La reclamación la firman los decanos de los tres colegios de abogados y de procuradores de las provincias, así como los presidentes de los consejos autonómicos (que agrupan a los provinciales) de cada gremio. Según exponen, hasta finales del año pasado la comisión estaba integrada por cinco miembros, representantes de sus dos colectivos, los dos de la Administración y la Fiscalía. Así, según fuentes consultadas, siempre había mayoría de sectores más pendientes de los derechos que de los números.
La comisión decide qué casos concedidos de justicia gratuita --de la que se benefician, en principio, todos los que tengan ingresos inferiores a dos veces y media el IPREM-- son realmente merecedores de la misma.
Con el cambio de legislación de finales del año pasado, actualmente la comisión la componen dos representantes de abogados y procuradores, el jefe del Servicio de Administración General de la Dirección General de Justicia y un letrado de los Servicios Jurídicos de la DGA, este último como presidente.
Para los letrados, esto supone que, en caso de empate, la Administración decide, y la sospecha es que esta última palabra se toma pensando en el presupuesto. Las cifras por ahora no apoyan un cambio significativo de tendencia (este año en Zaragoza se han denegado 411 solicitudes de 1.768 resueltas, un 23,2%; el año pasado fueron un 22,5%, y el anterior, un 23,7%), pero los letrados sí conocen casos llamativos.
Su propuesta es que la presidencia rote por trimestres, para que cada colectivo (y cada bando) tenga la última palabra el mismo tiempo. Y la DGA, en principio, no se cierra a ello.
EL JUSTICIA
El problema de la comisión es una de las facetas del recorte del 40% en los presupuestos de Justicia Gratuita para este año por parte de la DGA. Ayer, el Justicia de Aragón reclamó información sobre el mismo al Ejecutivo aragonés. Los letrados volverán a manifestarse el viernes, en el Pignatelli.
