Algunos ayuntamientos que tienen territorio en los espacios naturales se han dirigido a la DGA para exigir cambios en los patronatos que regulan estos organismos. Piden sobre todo, tener más capacidad de acción al entender que con las legislaciones restrictivas que tienen no pueden desarrollar inversiones, proyectos y trabajos que los valles vecinos sí que pueden. "Los municipios protegidos tienen la sensación de que tener esta calificación es negativa, pero la estadística demuestra que en cuanto a población la situación es beneficiosa", expresan desde Ordenación del Territorio.