Las partes implicadas en esta larga pelea judicial sobre la protección de la factoría Averly saben perfectamente del riesgo económico que existe para que, en función de hacia dónde se decante la balanza judicial, tener que hacer frente a un importante desembolso. Y, en este sentido, salvar Averly podría superar los 30 millones de euros. Lo mismo en lo que ya se calcula su posible expropiación. De manera que su precio para el ayuntamiento triplicaría el valor por el que lo adquirió la constructora Brial.
La empresa podría reclamar el precio en el que se pactó su adquisición y el lucro cesante de no poder vender sus 200 pisos previstos en un suelo que es residencial en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza y que no tenía ninguna protección cuando lo compró. De hecho, la DGA podría verse obligada a indemnizarle si prospera su recurso judicial contra la catalogación del 32% de la propiedad, por haberlo catalogado con posterioridad a su venta. Más de 30 millones sin contar lo que costaría rehabilitarla.
