Se aguardaba con expectación la reacción del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza al órdago lanzado por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). Este debía decidir en 48 horas entre acordar un encarecimiento del recibo del IBI de 480 grandes empresas comerciales e industriales más, para obtener 2,8 millones adicionales en el 2017, o dejar intacta esa ordenanza fiscal y repercutir a todos los hogares la subida del 5% a la que obliga la ley. Y los socialistas no agotaron el plazo para decirle que no es no. Se negaron, como en las reuniones mantenidas hasta ahora, a apoyar esa subida y rechazaron su «chantaje político».

Un calificativo que recibió por parte de todos los partidos en la oposición, que afearon a ZeC su intento de «tomar como rehenes a los zaragozanos» para salirse con la suya con una medida «por imposición» que obedece, según el PSOE, el PP y Ciudadanos (C’s) a su «sectarismo ideológico».

Los socialistas, además, añadieron que no necesita ese incremento en la recaudación cuando este año «se prevé ingresar 27 millones de euros más» de los previstos y se va a ejecutar «solo el 90% del presupuesto». Si quiere obtener más recaudación «debería explicar para qué», replicó el concejal Javier Trívez.

PROPOSICIÓN NORMATIVA

El edil remarcó que «70 millones del presupuesto de este año servirán para pagar a los bancos a final de año» y para eso no hace falta subir la presión fiscal de nadie. Y que la dotación consignada para políticas sociales «se encuentra al 40% de ejecución» y que de la inversión «más baja de los últimos 20 años solo ha gastado el 27%». En esto basó su estrategia: presentar una proposición normativa para impedir que el recibo del IBI le suba a los hogares revisando esta ordenanza fiscal y planteando dejar el coeficiente de las grandes empresas industriales y comerciales en la subida del 5% que ya prevé la ley, pero sin bajar del umbral de un millón de euros de valor catastral.

Eso es inamovible para el PSOE para llegar a acuerdos. Trívez destacó su «perplejidad» por la amenaza de ZeC y subrayó que la proposición normativa, que «da tiempo» a tramitarla y aprobarla «si el Goberno quiere». Si no, la culpabilidad se le traspasaría. A su juicio, se trata de que la decisión «no descanse en recaudar más sí o sí --como dijo el alcalde Pedro Santisteve--, sino en que la ciudad funcione mejor sí o sí». «No vamos a dejar que se ponga en entredicho lo que nos parece de justicia, que no se pague más IBI en base a motivos espurios, sectarios o con chantajismo», añadió. Tampoco que los vecinos «sean los paganos del chantaje» o les pueda «secuestrar». Aún así, subrayó que el PSOE sigue dispuesto a hablar y llegar a acuerdos «dejando incluso a un lado las afrentas y menosprecios que han hecho».

La otra pata del acuerdo, Chunta, también se mostró muy crítico con la estrategia. Su portavoz, Carmelo Asensio, instó a ZeC a rectificar y negociar para buscar «soluciones intermedias». Él también es partidario de tocar el umbral de las grandes empresas comerciales --no de las industriales--, pero no así. Y si Santisteve insiste, recibirá «jarabe de palo» para próximas negociaciones en las que también necesitará los votos nacionalistas. Porque era una «líinea roja» bajar el IBI residencial y «con CHA hay que ser fiel y respetuoso con la palabra dada».

La portavoz de C’s, Sara Fernández, presentó una moción de urgencia para el pleno de hoy con la que exigir que ZeC dé marcha atrás y revise el IBI residencial para congelar el recibo a los hogares. Lamentó este «arrebato en su lucha con el PSOE por la hegemonia de la izquierda» e instó a CHA a que «deje de ser un convidado de piedra e interceda».

Jorge Azcón, portavoz del PP, lamentó el intento de ZeC de «hurtar el derecho a debatir» sobre el IBI y anunció que hará consulta a los ciudadanos para pulsar su opinión.