Rato pide a Anticorrupción que investigue si los correos del despacho que fundó Montoro son delictivos: "Debería tomar parte activa"

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha referido este viernes, momentos antes de acudir a una nueva sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la gestión de su patrimonio, a los correos electrónicos que la cúpula de Hacienda intercambió con el entonces ministro Cristóbal Montoro meses antes de su arresto en abril de 2015. "Me gustaría es que la Fiscalía Anticorrupción no intentara impedir esa investigación", ha manifestado.

El que fuera hombre fuerte de la gestión de la economía española durante el Gobierno de José María Aznar se refería con ello a las informaciones que viene revelando El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, sobre unos correos que tiene en su poder el juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. El magistrado tiene abierta una causa que se instruye en secreto en la que investiga si la consultora Equipo Económico, que fundó Montoro en 2006, usó sus “influencias” en Hacienda en beneficio de sus clientes. 

El correo de la cúpula de Hacienda a Montoro 8 meses antes del arresto de Rato: "Es posible que la situación derive en una entrada y registro"

En el curso de las pesquisas se han intervenido comunicaciones que evidencian que el entonces ministro conocía información "reservada" relativa a diferentes personalidades. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha ordenado a la fiscal del caso, Carmen García Cerdá que no lo investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. Además, ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal García Cerdá, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelación de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacción.

Al término de la sesión, Rato ha ido más allá y ha apuntado a la posibilidad de que las comunicaciones en Hacienda que se referían a su persona sean delictivas: “He leído con más detenimiento. Me parecen escandalosos los correos", ha afirmado. Ahora "con más conocimiento", considera que el fiscal Luzón debería "tomar parte activa para ver si todo esto ha sido delictivo por parte de los que estaban en el ministerio de Hacienda”.

Rato se ha referido a este asunto este mismo viernes momentos antes de entrar al juicio en el que se le piden 63 años de prisión por diversos delitos de corrupción relacionados con la gestión de su patrimonio personal, y hoy se espera conocer si la Fiscalía eleva a definitiva dicha petición o bien la modifica.

Rato acusa a la Hacienda que dirigía Montoro y a la Fiscalía de usar contra él "técnicas inquisitoriales"

Los correos electrónicos que intercambió en 2015 la cúpula del Ministerio de Hacienda con Montoro ponen de manifiesto presuntas maniobras desarrolladas por estos altos funcionarios en relación con los delitos fiscales de los que se acusaba al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

En concreto, el primero de los mensajes que tiene en su poder el magistrado de Tarragona lo envió el 21 de enero de 2015 -cuatro meses antes de que fuera detenido el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)- el entonces jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, quien relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la "situación fiscal de Rato": "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”, explica este ex alto cargo.

No es la primera vez que Rato cuestiona la actuación de la Fiscalía. A lo largo del juicio que empezó el pasado diciembre, el exministro ha criticado en varias ocasiones las actuaciones del Ministerio Público, al que ha acusado de "montar una fabulación" en su contra, informa Europa Press.

En el marco de este juicio, la Fiscalía pide para él una pena de cárcel que asciende a los 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios, y otro delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.