Los datos son obstinados. Pero se dejan moldear en el circo de la interpretación. La consejera de Educación, Dolores Serrat, insistió ayer en las Cortes que "nadie va contra la escuela pública". Lo hacía un día después de que diferentes colectivos sociales acusaran a la DGA de querer desprestigiarla. Aunque en el actual presupuesto del Gobierno de Aragón, aprobado hace solo unos días, el recorte que sufre la enseñanza sostenida al 100% por la comunidad autónoma es de 30 millones de euros --18 de la universidad y 12 en Infantil, Primaria, Secundaria y FP--. La concertada, en cambio, ve cómo los fondos que recibirá de la DGA se incrementan en cuatro millones de euros.

Serrat evitó ayer en el Parlamento hablar de cualquier tipo de trato preferencial hacia la educación concertada. No. Prefirió matizar lo que indican los datos, arguyendo que lo que se está buscando "es un equilibrio en las escuelas sostenidas con fondos públicos". En el marco de "ese equilibrio entre libertad y calidad que a todos nos preocupa". Venía a decir con estas palabras lo que ya ha repetido en otras ocasiones. La concertada no estaba suficientemente dotada para hacer frente al coste de funcionamiento de sus centros. Así que ha sido preciso incrementar sus cuantías. Tampoco se refirió a las protestas de los colectivos sociales.

JUSTICIA La consejera estimó que "es de justicia que se dé a la concertada lo que necesita para atender esa demanda educativa", que es "imprescindible" para que la Administración pueda "cumplir" con su obligación de oferta educativa. A este respecto, aportó datos como el hecho de que si bien la concertada atiende al 26% de los alumnos aragoneses, recibe por debajo del 18% de las aportaciones presupuestarias del Gobierno para ordenación académica; el 16% del programa Escuela 2.0, el 0% en bilingüismo y el 1,6% en el ámbito de recursos humanos de ese programa, por lo que hay una "gran discrepancia".

"Nos gustaría que los datos fueran más homogéneos", subrayó Serrat, para apuntar que si hay grupos parlamentarios que apuestan por un modelo de educación pública con "más intervención y dirigismo", desde el Ejecutivo "creemos en el modelo que fija la Constitución", un sistema mixto sostenido con fondos públicos, aseveró. Por otra parte, precisó que los colectivos que han formado parte de la mesa de trabajo creada para realizar el diagnóstico de la educación han manifestado que "ha sido la primera vez que han podido hablar con libertad, claridad y de forma directa con la Administración". Aunque algunos de ellos, como Fapar, han manifestado su oposición a la forma en que se han negociado las medidas de mejora de la educación. Pese a ello, avanzó que la patronal de la enseñanza concertada FERE y el sindicato UGT han enviado una carta a la mesa de conciertos donde queda de manifiesto que "muchas cosas" que pretende hacer el Gobierno "no solo son necesarias sino prioritarias".

Dolores Serrat apuntó, por lo que se refiere al diagnóstico del sistema educativo aragonés, de que la tasa de repetidores es de cerca del 40% en las etapas obligatorias, hay una pérdida de competencias al pasar de Primaria a Secundaria, solo un 8% de los alumnos son excelentes y hay problemas con las competencias científica y compresión lectora. Además, apuntó, hay "libertad insuficiente" en las familias "para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos", se hace preciso un "ajuste" entre oferta y demanda de enseñanzas, especialmente en Formación Profesional y se considera necesario "profesionalizar" la dirección de los centros, entre otras cuestiones.

Las propuestas de mejora se refieren, por una parte, a los docentes, con, por ejemplo, un plan aragonés de formación del profesorado "que pivote sobre los elementos de máxima necesidad", como son la formación en nuevas tecnologías y el bilingüismo; igualmente, hay propuestas dirigidas a los alumnos, que van a tener que realizar "más esfuerzo", pero a quienes "se les reconocerá ese esfuerzo". En esta línea, cargó contra los grupos de la oposición de los que dijo que "no les gusta que hablemos de exigencia porque su criterio de igualdad no es de igualdad, sino de igualitarismo que iguala por abajo".

Las propuestas de mejora contempla, asimismo, dotar de "más libertad y autonomía a los centros", prestigiar la FP y mejorar la participación y transparencia, "que ha faltado con el Gobierno anterior", así como facilitar a las familias "la libertad de elegir" y el desarrollo del plan de infraestructuras educativas. Unas soluciones, de la de consejera de Educación que no terminan de convencer a los sindicatos más implicados con la enseñanza pública. Mucho menos aún a Fapar, que ha dejado clara su oposición a la política que está siguiendo el Gobierno de Aragón en esta materia. Pese a ello, las líneas están trazadas.