de inmigrantes se iniciaron el año pasado en Aragón. Este año, de continuar la tendencia --eran 179 el 8 de marzo--, serían 963, lo que supondría un pequeño repunte de procesos sancionadores. En cualquier caso, sería un 41% de reducción respecto al 2008, cuando se tramitaron 1.365. Estos expedientes, por falta administrativa se abren a los inmigrantes que carecen de permiso de residencia válido, e incluyen a aquellos que han cometido delitos cuya pena no supera los seis años de prisión. La legislación establece que en estos casos se puede conmutar la pena de cárcel por la expulsión y la prohibición de regresar a España en unos años.
