La "profunda revisión" de la cartera básica de servicios de la sanidad pública española llega después de que el ministerio haya adoptado medidas drásticas, para garantizar, como rezan los decretos gubernamentales que las respaldan, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Desde que llegó al poder, el Partido Popular ha puesto especial empeño en modificar la prestación de los servicios sanitarios. El primero de ellos afectó al acceso a los medicamentos y se estableció el copago. Desde el pasado 1 de julio, los trabajadores cuya renta sea inferior a 18.000 euros al año, deben pagar el 40% de las medicinas que les recete su médico. Los pensionistas con los mismos ingresos tienen que abonar el 10%, hasta un máximo de 8 euros al mes. Además, y desde el día 1, los inmigrantes no asegurados están obligados bien a suscribir un convenio con los gobiernos autonómicos --un seguro--, bien a abonar los servicios sanitarios que se les presten, salvo en el caso de menores y parturientas.
