La reforma de la Ley de Bases trae de cabeza al Gobierno de Zaragoza, aunque al menos tiene atado el convenio más importante con el Gobierno de Aragón. Así lo afirmó ayer el teniente de alcalde de Acción Social, Roberto Fernández, cuando explicó que la única reunión mantenida con el Ejecutivo aragonés referida al posible efecto que puede tener el nuevo texto legal --que se debate hoy en el Congreso-- se produjo el pasado 23 de septiembre con la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Cristina Gavín. En este encuentro, ella aseguró que en el 2014 habría también convenio con el consistorio, lo que garantizaría el mantenimiento de los 37 puestos de trabajo que depende de él. Una "bendición", según el propio Fernández.
La afirmación se produjo en una comisión en la que fue tachado de "blandito" por parte del concejal Pablo Muñoz, de IU, quien le reclamó que agilizara las conversaciones con la DGA para clarificar el impacto que puede tener en la prestación de los servicios. Este se defendió argumentando que "son ellos los que no tienen claro qué van a gestionar, pero no tienen estructura para hacerlo", mientras se reafirmó en que, por parte del Gobierno municipal el objetivo es "mantener la competencia al máximo y la plantilla". Aunque es clave saber cómo se financiaría, ya que en los últimos años los fondos procedentes del Pignatelli ya se han reducido en más de tres millones de euros.
