El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, afirmó ayer que las negociaciones relativas a las deudas por las obras del tranvía entre el consistorio y el Gobierno de Aragón se encuentran «bloqueadas», por lo que el desencuentro entre ambas instituciones por este problema se mantiene vigente.
Santisteve realizó estas declaraciones después de que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico aprobara ayer el abono de 8,9 millones de euros a la ciudad en ese concepto, una cifra alejada de los 40 millones que exigen desde el ayuntamiento.
Esta cifra que pide el actual gobierno municipal es, precisamente, la que el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, exigía al Ejecutivo aragonés presidido por Luisa Fernanda Rudi en la anterior legislatura, cuando ocupaba el cargo de vicealcalde de Zaragoza.
El primer edil acusó, por ello, de «no jugar limpio» al Gobierno autonómico, ya que considera que los marcos de la negociación «vienen impuestos a la baja» por los informes técnicos realizados por el área del actual consejero de Hacienda.
El primero de ellos, presentado en el mes de octubre, anunciaba que la liquidación definitiva por las obras de la línea 1 alcanzaría los 7.900.000 euros, cantidad que el Gobierno de Aragón debía abonar a Zaragoza por el Urbos 3.
Con el informe aprobado ayer se sumó un millón más, hasta alcanzar los 8,9 millones de euros. Este aumento tiene cabida tras la revisión de la obra civil y en concepto de electrificación.
Para Santisteve existe una tónica «en la que se intenta impedir que la negociación sea abierta» y «que se afronten todos los temas conforme a un calendario» al bloquear con los informes un problema que es «político».
Por ello, juzga que las conversaciones al respecto deben realizarse desde una «perspectiva política» y que ambas institucuiones «se tienen que entender».
Además, recordó que, si se decidió que el Gobierno de Aragón y la anterior corporación municipal subvencionaran juntos el tranvía, se debió a que se trataba de «un gran proyecto de ciudad» que, además, afectaba «a toda la conformación del transporte en un gran núcleo urbano».
Este hecho, según el alcalde, se traducía en una «apuesta política» de la DGA que ha sido «sistemáticamente incumplida» por el actual Gobierno y por el anterior presidido por el PP.
El primer edil de Zaragoza mostró, a pesar de todo, su disposición a negociar y remarcó su planteamiento basado en la «lealtad institucional».
Para el alcalde de la capital aragonesa, este rasgo pasa por «dejar de verter insultos con la excusa de que hay campañas electorales o problemas internos de partido» --en referncia a la crisis interna del PSOE-- y también por la defensa de «una posición de colaboración mutua».
Al respecto, puso como ejemplo el apoyo que ha realizado a proyectos como el corredor Cantábrico-Mediterráneo, cuando acudió «a Teruel, a Valencia o a Canfranc». Para Santisteve, se trata de un tema en el que el ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico están «juntos».
En la misma línea, recordó la concordia entre ambas instituciones respecto a plataformas logísticas como Plaza o Mercazaragoza.
Según indicó, trabajan juntos en estos proyectos con el fin «de propiciar que Aragón sea una gran plataforma exportadora hacia Europa».
«Si hay cosas en las que estamos de acuerdo, ¿por qué en estos temas se ponen palos en la rueda de la negociación?», se preguntó Santisteve.
