El magistrado instructor del caso saqueo, que trata de esclarecer la supuesta malversación de más de 80 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), tiene encima de la mesa, desde ayer, una de las decisiones más relevantes en esta investigación: la imputación de quien fuera consejero delegado de Plaza y viceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada le remitió un informe en el que solicita que se encarte al político altoaragonés, ya que considera que adjudicó obras de forma irregular a amigos. Si el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, acepta esta solicitud, se abriría la puerta a las responsabilidades políticas en el proyecto estrella del anterior Gobierno de Aragón.
Los representantes del ministerio público consideran que Escó cometió, presuntamente, cuatro delitos: malversación continuada de caudales públicos, prevaricación continuada, cohecho y alteración del precio de las cosas.
CORREOS
Anticorrupción tiene clara la implicación de Escó en la trama que asciende a una veintena de imputados entre responsables de obras, trabajadores y empresarios de la construcción. Se basa en el análisis de los correos electrónicos realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que fueron encontrados en los ordenadores del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y del director técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes.
En uno de los emails, García Becerril desvela, a uno de los miembros del consejo de administración de la empresa pública, José Luis Marqués, hasta seis trabajos en los que la intervención de Escó perjudicó a las arcas públicas.
Uno de los más importantes, teniendo en cuenta la cantidad económica, es el denominado caso Sanedi, en el que Plaza compró a una empresa una finca por un precio superior al doble de lo que le había costado a esta dos años antes. Esta sociedad llegó a sacar un beneficio por la operación de nada menos que 2,6 millones de euros, a pesar de que el terreno era inútil para cualquier uso salvo para el agrícola.
García Becerril también resalta que, pese a estar aprobado el pliego de ofertas para estaciones de servicios, Escó "lo estuvo parando mientras negociaba directamente con Repsol, al punto que los planos de la parcela se han ido cambiando al gusto directo de la petrolera". "El concurso inicial era de subasta, pero ahora se va a hacer a precio fijado por esta empresa", apostilla.
La Fiscalía también apunta a que el marido de la diputada y candidata socialista a la Presidencia de la DGA en las pasadas elecciones autonómicas, Eva Almunia, habría favorecido a la empresa de un amigo suyo, Miguel Ángel Floría. Según el informe policial, le concedió el revestimiento de las fachadas de tres edificios por 344.405 euros cuando el proyecto inicial era hacer por ese mismo precio hasta seis edificios. Otra empresa se había comprometido a hacerlo.
El Grupo Floría, según el informe, también confeccionó un vídeo de Plaza por 48.000 euros, cuando otra empresa lo iba a realizar por 12.000 euros. "Está mal hecho y con una voz poco profesional", asevera el exgerente de Plaza, quien critica que, pese a tener un manual corporativo que costó 1.500 euros, Escó encargó otro a Bassat --que diseñó la campaña electoral de Almunia-- por valor de 4.800.
Ante este supuesto trato de favor, los fiscales anticorrupción encargados del caso solicitan que se impute a Miguel Ángel Floría. También añade en la lista a Alejandro Viñuales, exjefe de movimientos de tierras y de obra de la UTE Acciona - MLN.
Los fiscales indican en su escrito que "algunas de las conductas de Viñuales" y de otros empleados de la UTE, como las falsedades en algunas certificaciones, respondían a órdenes para realizar "adelantos a cuenta" a algunas subcontratas, "otras conductas no admiten esta ignorancia". Le señala como presunto autor de un delito de malversación y otro de falsedad por su responsabilidad en dos certificaciones que resultaron falsas y en la presunta sustitución de otra en abril de 2007.
Por otro lado, piden que se cite a declarar como testigos al miembro del consejo, José Luis Marqués, y a Borja Lasala, ejecutivo del Grupo Floría. La fecha podría ser el 10 de marzo.
