Aragón registró durante el segundo trimestre de este año el segundo porcentaje más bajo de rupturas matrimoniales de todo el país, un 5,46 por ciento por cada diez mil habitantes.
Así se desprende de los datos que hoy ha hecho públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúa a Castilla y León como la comunidad autónoma del país con una menor tasa de disoluciones matrimoniales, 5,15 por ciento.
Las estadísticas aportadas revelan, sin embargo, que el número de demandas de disolución matrimonial -separaciones y divorcios- ha descendido en España un 10,3 por ciento en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2016, casi el doble del porcentaje del 5,46 por ciento registrado en Aragón
El informe cifra en 29.988 el número total de demandas de disolución matrimonial registradas en España durante los meses de abril, mayo y junio de este año, y señala a las comunidades de Canarias y Valencia como las que tienen una mayor tasa de rupturas, 7,40 y 7,39 por ciento, respectivamente.
Aunque el descenso se observa en todas las formas de disolución, la mayor reducción interanual se dio en las separaciones no consensuadas, que con las 440 presentadas han registrado un 14,6 por ciento menos que en el mismo período del año pasado.
Mientras tanto, las separaciones de mutuo acuerdo cayeron un 12,1 por ciento al pasar de 1.061 a 933.
Los 17.095 divorcios consensuadas fueron un 9,3 por ciento menos que los presentados entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2016; mientras que las 11.520 demandas contenciosas representan un descenso del 9,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
En este trimestre se presentaron además 36 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 46 que hubo en el mismo periodo de 2016.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2017, la media nacional de demandas de disolución por cada diez mil habitantes fue de 6,44.
Canarias (7,4) y la Comunidad Valenciana (7,39) son los territorios donde mayor número de demandas por habitante se registraron, si bien Asturias (6,99), Cataluña (6,89), Andalucía (6,77), Illes Balears (6,75), Cantabria (6,67) y Murcia (6,55) también superaron la media española.
Castilla y León (5,15) es la comunidad que menos demandas de disolución matrimonial registró en relación con su población.
La estadística también revela que todos los procedimientos de modificación de medidas, matrimoniales y no matrimoniales, presentaron descensos en el segundo trimestre de 2017.
Así, se iniciaron 2.804 procedimientos de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 7,5 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior; y 9.391 de modificación de medidas no consensuadas, con un descenso del 4,2 por ciento.
En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 5.094 demandas consensuadas, un 5,4 por ciento menos que en el mismo periodo de 2016; y 7.441 demandas no consensuadas, un 6,3 por ciento menos.
