Con un bien justo, Aragón ocupa el noveno puesto en la tabla que recoge el desarrollo de los servicios sociales en las distintas comunidades, con una puntuación global de 6,15 puntos sobre 10, que la sitúa en una poco destacada situación media. Estos son los resultados de la comunidad tras pasar por el examen del informe DEC elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el colectivo cuyos análisis se han convertido en referencia nacional a la hora de evaluar a las autonomía en materia social y, sobre todo, de dependencia.

El documento pone sobre la mesa los puntos fuertes y débiles de Aragón con tres grandes áreas de referencia de su sistema de protección social: los derechos reconocidos y decisión política; el esfuerzo económico; y la cobertura de servicios a la ciudadanía. En la primera asignatura, la comunidad saca un más que destacado 8,5; mientras que en la extensión de las prestaciones, la nota baja a un 5,9 y en cuestión económica no llega ni al aprobado con un 4,3.

NAVARRA, LA MEJOR En conjunto, un 6,15, una nota bastante más elevada, no obstante, que la media nacional, que se sitúa en 4,92 puntos. Solo una comunidad, Navarra, alcanza un nivel de desarrollo alto de sus servicios sociales; dos logran un nivel medio --País Vasco y La Rioja--; seis tienen un nivel medio bajo --Castilla y León, Cantabria, Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha, además de Aragón--; y dos obtienen una mediocre calificación de débil (Extremadura y Baleares). El varapalo, con una nota de irrelevante es para las seis restantes: Andalucía, Galicia, Murcia, Canarias, Madrid y Valencia.

Una comparativa, que a juicio de este colectivo, pone de manifiesto los "extremos desequilibrios" del sector y que pone en evidencia que el mayor desarrollo de los servicios sociales es el resultado "de formas de organización y gestión eficientes" y no solo de un mayor esfuerzo económico.

En el caso de Aragón, reconoce el informe, mantiene la "excelencia" en materia de Derechos y decisión política, gracias a "su avanzada Ley de Servicios Sociales" (2010) y al catálogo que la desarrolla (2011), si bien el colectivo aprecia una falta de desarrollo efectivo de ambas referencias normativas.

ALTA REDUCCIÓN DEL GASTO En el apartado económico, Aragón es una de las comunidades que ha reducido su gasto total en servicios sociales desde el 2009 al 2012. Concretamente en 8,2 millones de euros (-2,26%), pasando de 360,4 millones en el primer año de la comparativa a 352,2 millones en el 2012. Sin embargo, el porcentaje sobre el total de gasto de la comunidad aumenta en este periodo, pasando del 6,65% en el 2009 al 7,62% en el 2012, aunque continúa por debajo de la media estatal (7,75%).

En materia de cobertura, Aragón destaca, en el buen sentido, por la ratio de profesionales por habitante en la red básica, la extensión de sus Rentas Mínimas de Inserción (que pasan de percibir uno de cada 170,4 habitantes en 2010 a 1 de cada 90 en el 2011), así como el porcentaje que supone la cuantía media por perceptor respecto a la renta media por hogar (11,02% en el 2010 y 13,25% en el 2011). Mejora también la comunidad en el servicio de ayuda a domicilio y en el índice de acogimientos familiares de menores.

La reprimenda de los gestores de servicios sociales llega, sin embargo, por el retroceso en la dependencia --desde el Ejecutivo autonómico se achaca a haber sacado de las listas más de 7.200 perceptores teóricos de las ayudas que habían fallecido--, así como en la destrucción de plazas residenciales para personas mayores, pasando de 6,8 por cada 100 personas mayores de 65 años en el 2011 a 6,69 en el 2012. Y eso que esta ratio es muy superior a la de la media estatal, de 4,59 plazas.

"Es necesario que se paralice la destrucción de plazas residenciales en la comunidad con una efectiva política de concertación, ya que, no sólo afecta a la calidad de vida de las personas mayores, sino que supone una importante fuente de empleo en unos momentos en los que resulta tan importante", indica, de hecho, en sus conclusiones la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.