La Audiencia de Teruel ha confirmado el archivo de la querella penal interpuesta por la dueña de unos terrenos en la zona de Pomecia contra tres exalcaldes, un concejal de Urbanismo y dos técnicos municipales de Teruel por no actuar contra un asentamiento gitano ilegal en su propiedad.
El auto del tribunal confirma el archivo de la causa acordado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel en mayo del año pasado a favor de cinco de los denunciados y revoca la decisión de la instructora de continuar la acción penal contra el exconcejal de Urbanismo, Jesús Fuertes Jarque.
La Audiencia descarta la transformación de las diligencias de investigación en una causa contra el exedil por presuntos delitos de prevaricación urbanística por omisión de su deber de actuación y de malversación, al no interponer sanciones que hubieran podido reportar hasta 10 millones al consistorio.
«El simple retraso en la tramitación de los expedientes urbanísticos no es indicio criminal suficiente», argumenta en su auto el tribunal, que rechaza la existencia de pruebas en relación a que la falta de actividad reprochada al exconcejal fuera «consciente». No aprecian indicios de que la omisión culposa denunciada tuviera como objeto eludir su obligación legal.
