La revisión de las cuentas pendientes con FCC Parques y Jardines se está convirtiendo en un reto para el Gobierno de Zaragoza en Común. El anterior concejal de Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, contabilizó de forma errónea en la liquidación final de diciembre del 2014 los costes derivados de los paros y la huelga de los trabajadores durante los meses de marzo, abril y mayo. En total, el consistorio debía detraer de la factura 423.561 por los trabajos que no se realizaron durante estos tres meses. En cambio, Blasco solo autorizó descontar del precio final 234.603. En el decreto firmado por Blasco el pasado 10 de junio se justifica esta diferencia alegando que determinados trabajos que no se pudieron acometer durante este periodo se realizarán en meses posteriores, por lo que hay que pagarlos y que, aquellos estacionales y no recuperables que no se pudieron acometer como consecuencia de la huelga no deben que ser descontados del precio final. Corresponden a los programas de siega, siembra y escardas.

SALDO FINAL

El concejal de Servicios Públicos y Personal y responsable del Observatorio de las Contratas, Alberto Cubero, solicitó una revisión de este decreto que concluía que todos los trabajos que no se ejecutaron durante la huelga tenían que ser descontados del precio final sin excepciones. Esta interpretación tan dispar tiene como consecuencia que el saldo a restar de la liquidación final de diciembre del 2014 en el que se tiene en cuenta, también, otras detracciones y excesos --costes añadidos-- varie de los 54.976 euros en favor del consistorio, según el decreto firmado por Blasco-- a los 423.561 euros.

Cubero cuestionó la fórmula utilizada por el servicio municipal de Parques y Jardines para contabilizar las cuantías estimadas a restar en un periodo de huelga. En este caso, el importe se calculó en función del porcentaje de personal que la secundó aplicando este porcentaje sobre el total de programas incluídos en los pliegos de condiciones y no según los trabajos ejecutados según el acuerdo de mínimos. Uno de los propósitos de su área es definir un método fehaciente. Cubero puso en cuestión que el anterior Gobierno no sancionara a la empresa. Según los pliegos, si la empresa no cumple debe ser multada.