La trama de corrupción en el departamento provincial de Industria de Zaragoza de la DGA, destapada policialmente hace cuatro años bajo el nombre de operación Minas, se saldó ayer con un acuerdo que supondrá un total de 43.200 euros en multas. Son 7.200 euros para cada uno de los seis imputados que finalmente han quedado, de la quincena que llegó a acumular la causa. Aún no se les puede considerar condenados, ya que el acuerdo habrá de ser visado por la Audiencia de Zaragoza.

Según el compromiso alcanzado ayer por las acusaciones --la Fiscalía y el Gobierno de Aragón-- y las defensas de los acusados, estos admitieron haber cometido un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Además de la multa, la condena supone cuatro años de inhabilitación para cargo público.

A esta pena han sido condenados el exdirector del servicio provincial de Industria de la DGA, Francisco Javier Hualde; su mujer, Juana María García; su hijo, Juan Ignacio Hualde y los empresarios Carlos Andrés y Paulino Pérez y Pedro Ramón Martínez de Quel. Contra la nuera de Hualde, finalmente, se han retirado los cargos.

Según los hechos que ha venido investigando el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, el departamento que dirigía Hualde aceleró trámites o los pasó por alto para la concesión de licencias de trabajos mineros para las empresas del resto de acusados, incluída la que constituyó su mujer, y en alguna de las que trabajaba su hijo. Durante la instrucción se consideró que habían recibido prebendas como la contratación de su nuera, pero esta finalmente no ha sido condenada.

Con el acuerdo, la familia de Hualde y los empresarios eluden la pena de banquillo, al no tener que sentarse en él para el juicio con jurado para el que ya había sido destinada la causa. Durante la instrucción, todos habían negado sistemáticamente que hubiese ningún tipo de acuerdo para favorecer a las empresas relacionadas de una u otra forma con la familia del exdirector provincial de Industria, pero han optado por admitirlo.

La investigación sobre esta trama generó además otros casos relacionados, como el del presunto mobbing por parte de la número dos de la Consejería de Economía y Empleo de la DGA, Cristina Asensio, al exdirector del Colegio de Geólogos Joaquín Lahoz. Una causa recientemente archivada. Lahoz, por su parte, no ha sido finalmente condenado en este caso Minas, en el que estuvo imputado, pero mantiene otra abierta por falsedad documental por uno de los expedientes investigados.