El que fuera cura de Borja hasta su imputación por descapitalizar las cuentas parroquiales, Florencio Garcés, volvió ayer al Juzgado de Tarazona, tras su imputación por falsedad de documento privado, adelantada por EL PERIÓDICO. Ante la magistrada, Nieves Pérez, negó que él se hubiera pasado por uno de los miembros del clan Zapato Veloz para estampar su firma en un contrato privado con el que supuestamente José Luis Carbonell iba a devolver al religioso un préstamo de 6.000 euros.

Este documento lo entregó el propio Garcés a la Guardia Civil cuando presentó una denuncia por estafa, en mayo de 2013, contra Carbonell. Un movimiento con el que, según los investigadores, pretendía justificar parte de los 185.000 euros que supuestamente habría sustraído para atender a las extorsiones por parte de esta familia. Carbonell dijo que no era su firma.

A mosén Florencio se le mostró este documento en el que, según un informe del Laboratorio de Grafística Criminológica de la Guardia Civil, se señalaba que la firma dudosa de José Luis Carbonell no estaba hecha por éste y duda si la pudo hacer el párroco.

ENTREGA

Sin embargo, Garcés señaló que "se lo dio a una persona que lo recogió para entregárselo a José Luis y que lo firmara". Dijo que no puede identificar a ese individuo porque "por la parroquia pasaba diariamente mucha gente".

Durante la comparecencia, que duró escasos diez minutos, la instructora no le preguntó por el resto de documentos analizados por los especialistas de la Benemérita. En dicho informe se asegura que Florencio Garcés firmó como receptor una misiva de la Agencia Tributaria en la que este organismo se dirigía al cura para señalar que "había acordado con éste la devolución de 163.000 euros al fin de que José Luis Carbonell cogió prestados y se lo devuelve Hacienda, por causas de justicia".

En esa misma carta se señala que "Don Florencio Garcés dio 3.000 euros para sacar esa cantidad de dinero del banco el día 13 de abril de 2013 y que tras devolverse el dinero el caso queda cerrado".

Una comunicación inverosímil remitida por Hacienda y que es firmada por una funcionaria que, tal y como señalan los investigadores, no existe.

Esta imputación a mosén Florencio se produce cuando se acaba de cumplir un año de su arresto por apropiación indebida y un delito contra la libertad sexual --sobreseído provisionalmente--, junto a los siete miembros del clan familiar de etnia gitana Zapato Veloz.