La financiación de la ley de la dependencia será el primer punto de fricción entre el Gobierno de Aragón y el nuevo Ejecutivo del PP presidido por Mariano Rajoy. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, avanzó ayer que la intención de la DGA es lanzar una ofensiva en varios frentes para conseguir los 60 millones de euros que a su juicio el Estado adeuda a los aragoneses para garantizar la sostenibilidad del servicio social. Hasta ahora, la falta de un interlocutor en Madrid había impedido tomar medidas concretas.
Los cálculos actuales del Gobierno PSOE-CHA establecen que Aragón tuvo que hacer frente a 188 millones de euros durante el año pasado derivados de la prestación de los servicios de dependencia. La financiación prevista en la ley debería de ser asumida al 50% por el gobierno de España y por el de Aragón, pero en la realidad lo que aporta el Estado es únicamente el 16,6%, y la comunidad tiene que asumir el 83,4% del coste de los servicios de la dependencia o de las ayudas económicas que se prestan.
El reciente nombramiento del jacetano Mario Garcés como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (dependiente del ministerio de Sanidad de Dolors Montserrat) pretende ser el asidero para llevar la reivindicación a Madrid. «Confío mucho en su gestión como competente en la materia», aseguró Guillén. Para ello esperan generar un clima de «lealtad mutua» en el que pretenden analizar cómo se puede compensar por esta merma u otras que se han cuantificado en la llamada deuda histórica.
comisión bilateral / Para avanzar en asuntos concretos el consejo de Gobierno celebrado ayer acordó pedir que se convoque próximamente la comisión bilateral Aragón-Estado, así como la comisión de comunidades en el Senado. En el primer foro lo «fundamental» para Guillén sería «empezar a hablar» del convenio económico financiero derivado del estatuto de autonomía. En la cita auspiciada por el Senado participaría la consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía, María Victoria Broto, a la que se autorizó ayer de forma oficial participar en el encuentro.
Por el momento ninguna de estas posibilidades tiene una fecha concreta. Guillén, en todo caso, espera que los nuevos cargos aragoneses en el Ejecutivo de Rajoy sean decisivos «para los intereses de los aragoneses».
En el pasado pleno en las Cortes de Aragón también salió adelante una moción presentada por Podemos relativa a la ley de la dependencia en la que, entre otras cuestiones, se pide al Gobierno de España que garantice su financiación estatal.
