El Gobierno de Aragón publicará esta misma semana la nueva orden que regulará los festejos taurinos populares, con la que se zanja la polémica que se ha mantenido en los últimos años con los directores de lidia, afectados por el intrusismo de quienes cobraban tarifas muy bajas por ejercer, a menudo de forma cuestionable, el control de estos eventos.
Tras meses de negociaciones a tres bandas --profesionales taurinos, municipios y DGA, básicamente-- se alcanzó una solución de compromiso que certificará el documento, una vez visado por los servicios jurídicos del Ejecutivo.
Las posturas llegaron a estar muy enfrentadas, ya que los profesionales entendían que la competencia desleal del sector, con cotizaciones a la Seguridad Social ridículas (incluso de 25 euros), les abocaba prácticamente a la extinción. Los municipios, por su parte, se veían incapaces de pagar las cotizaciones que marcaba el convenio colectivo estatal, de 350 euros --y unos 500 de salario-- por sesión, considerando que en un pueblo de pocos habitantes con tradición se pueden celebrar varias sueltas de vaquillas al día y que estas son gratuitas para los asistentes.
ENFRENTAMIENTO
La batalla entre profesionales y pueblos cristalizó en masivas denuncias ante Inspección de Trabajo de los primeros, que llegaron a suponer sanciones para 70 municipios de la provincia de Zaragoza. En Teruel no quedó claro si se habían llegado a interponer las multas o no. La cuadratura del círculo se alcanzó finalmente con una solución intermedia. La orden alude al convenio nacional, pero considera como un solo festejo todas aquellas sesiones que se celebren durante 12 horas, siempre que sean del mismo tipo, que en ese tiempo no se superen las 7 horas entre todas las partes y que cada una no dure más de 3.
Con estas premisas, costaría unos 850 euros el pago a un profesional que controle el buen desarrollo del festejo durante prácticamente todo el día, algo a lo que la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) sí dio el visto bueno.
MALTRATO
La orden que firmará el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, hace hincapié también en la prevención del maltrato animal. La directora general de Justicia e Interior de la DGA, María Ángeles Júlvez, recordó que en la comunidad estos festejos populares no terminan con el sacrificio de la res, pero en ocasiones sí se producen comportamientos cuestionables como el herir, pinchar o sujetar a la vaquilla. Estos, con otros como el uso de petardos, vehículos a motor para conducirlas o incluso marear al animal con varios recortadores actuando simultáneamente --que a menudo hacen caer y dañan a la vaquilla--, serán comportamientos prohibidos que estarán bajo la vigilancia del director de lidia.
Y es que la orden no solo regula las condiciones de pago de estos profesionales, sino que también los dignifica en cuanto a atribuciones --otra de sus principales reivindicaciones-- e incluso en cuanto a la indumentaria, ya que tendrán que vestir con prendas llamativas que reflejen su condición, además del pertinente capote para controlar el desarrollo del festejo y que transcurra sin incidentes graves.
En cuanto a los ayuntamientos, la simplificación del concepto de festejo en varias sesiones también supone una ventaja a la hora de la burocracia, ya que bastará con pedir un solo permiso si se cumplen los requisitos. El documento también clarificará algunos conceptos excluídos del festejo taurino popular como las capeas privadas o las exhibiciones con público de faenas con ganado de lidia.
