Tres meses han pasado desde que se empezara a aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba los artículos de la ordenanza de la bicicleta en Zaragoza que, fundamentalmente, obligaba a los ciclistas a abandonar las aceras y calles peatonales. Entonces, generó un revuelo por las dudas y los despistes que esta modificación causó en los ciclistas. Aumentó la tensión por coincidir con una huelga policial a reglamento que conllevó un aluvión de multas. Y derivó en una moratoria de 15 días dada por el Gobierno municipal con la prometida amnistía en las sanciones impuestas a los posibles infractores incluida. Pues ahora resulta que no solo no se ha anulado ninguna sino que aún hoy lo que para el área municipal de Servicios Públicos es una vía de acceso restringido por la que sí se puede circular, para la Policía Local sigue siendo un espacio peatonal por el que está prohibido y acarrea multa.
Eso llevó a Izquierda Unida ayer a denunciar que tal amnistía no ha existido y anunciar el compromiso por parte de la responsable de Servicios Públicos, Carmen Dueso, de elaborar "en el plazo de una semana" un listado con todas esas calles consideradas de acceso restringido por las que se autoriza el paso a los ciclistas. Como ya se permite, en estas, a los vehículos de carga y descarga o a los residentes para acceder a sus garajes. Con una única razón: darlas a conocer a los ciudadanos y también a la Policía Local de Zaragoza.
VOLUNTAD POLÍTICA Se trata de trasladarles con la mayor especifidad posible la voluntad "política" de este ayuntamiento de permitir la circulación ciclista por espacios por donde, aplicando una interpretación rígida de la normativa, no se dejaría. "No estamos viendo con la misma voluntad política que Carmen Dueso a Carlos Pérez Anadón, que es quien da las instrucciones políticas a la Policía Local, y está dejando a los pies de los caballos a los ciclistas", aseguró el presidente del Observatorio de la Bicicleta y concejal de IU, Pablo Muñoz, quien anunció que en el próximo pleno presentarán una moción en la que solicitan que se "revisen de oficio" todas las sanciones impuestas a usuarios de las dos ruedas.
En ese periodo y con posterioridad, porque Muñoz explicó que ya en su día Dueso firmó una instrucción en la que se explicaba que en determinadas calles, las consideradas de acceso restringido en las que también pasan vehículos de carga y descarga y residentes, también se dejaría circular. Y se ha hecho caso omiso porque hay "diez sanciones de media" al mes por este motivo."Es desproporcionado", apostilló.
CRITERIO DISPAR El presidente del observatorio, además, explicó que en las multas que se han registrado existe una evidente disparidad de criterios, aplicando sanciones de 36 o 200 euros en condiciones similares. Solo depende de la infracción que se alegue: incumplir un precepto de la ley de tráfico estatal representa 200 euros cuando aludir a circunstancias que solo se contemplan en la ordenanza municipal de Zaragoza suponen 36. Se acude, en algunos casos, a "la aplicación más severa, ilegal e ilegítima de las sanciones", dijo. Explicó, en este sentido, que los agentes deberían entender que el castigo ha de ser proporcional a la peligrosidad que produce y que "una bici o ir con patines no es el mismo peligro que con un vehículo a motor".
Además, en el caso de la anulación de sanciones, se da otra circunstancia que desde colectivos como Pedalea también se denuncia: confiar en la amnistía ha llevado a numerosos infractores a perder el recurso presentado y, con ello, también el descuento del 50% que se ofrece a los que pagan en los 15 días siguientes a recibir la notificación, el llamado pronto pago. Y se quedan con su solicitud denegada, con la única opción de seguir recurriendo e indefensos. Por eso urgen la revisión de las sanciones impuestas.
