Los hospitales del sistema público aragonés comenzarán a realizar abortos voluntarios que hasta ahora se realizaban en las clínicas privadas a partir de un sistema de concertación. El sistema para realizar las interrupciones voluntarias del embarazo pagadas por el sistema público de salud ha dado un vuelco después de que ayer la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) anunciase que los dos centros con autorización para realizar estas intervenciones en la comunidad dejarían de prestar este servicio a partir del jueves por los 800.000 euros que el Gobierno aragonés todavía les adeuda a los centros. Una vez que se conoció esta noticia, varios facultativos del Salud anunciaron al departamento su disposición a realizar las interrupciones en los hospitales públicos y la consejería ha comenzado a organizar los servicios para poder llevar a cabo estas intervenciones.

La realización de abortos en el sistema público en la comunidad era prácticamente inexistente. La ley que establecía la financiación pública de estas intervenciones y la eliminación de los supuestos para que las mujeres pudieran abortar entró en vigor en julio del 2010. Según las últimas cifras oficiales disponibles, las de ese ejercicio, solo uno de los 2.745 abortos que se realizó en Aragón se realizaron en el sistema público. Automáticamente las mujeres que deseaban abortar eran derivadas a alguna de las dos clínicas privadas --Actur y Almozara-- que estaban autorizadas.

EL PROCESO A partir de ahora, el sistema podría cambiar y los hospitales públicos podrían comenzar a asumir abortos. "Ya estamos hablando con ellos para empezar a hacerlo" y organizarlo "rápidamente", indicaron. Mientras esto ocurra, quienes vayan a estas dos clínicas "tendrán que abonar lo que cuesta y solicitar el reembolso a la Administración", que también se garantiza. Además, anunciaron, se han iniciado contactos con clínicas privadas de otras comunidades para realizar derivaciones.

La polémica comenzó cuando ayer las clínicas aragonesas anunciaron que suspendían su colaboración con el Salud y dejaban de realizar esta prestación al haberse acumulado unos impagos por valor de 800.000 euros, sin que la Administración haya ofrecido "una salida viable" a los centros, ni haya presupuestado ninguna partida para este año. El pasado 15 de marzo, las clínicas Actur y Almozara informaron a la Administración por escrito de la suspensión parcial de los acuerdos y de su decisión de empezar a cobrar a las usuarias a partir del 3 de mayo.

Según la vocal de ACAI en Aragón, Mayte Andreu, esta decisión ha sido motivada por la situación de "quiebra técnica" de los centros ante los retrasos en el pago del Ejecutivo, ya que la ultima factura cobrada data de junio del 2011. Ante estas declaraciones, el Gobierno de Aragón quiso dejar claro que se trata de un problema exclusivamente "financiero" y que el Ejecutivo autonómico garantiza a las mujeres "el reconocimiento de su derecho" a abortar. Según apuntaron fuentes de la consejería, el pasado jueves el director general de Planificación, Antonio Villacampa, se reunió con los responsables de estos centros, ambos con la misma propiedad, y les ofreció pagarles los 800.000 euros este año.

PLAN DE PAGOS De este modo, se les planteó un plan de pagos que consistió en saldar en menos de diez días 250.000 euros; otros 150.000 antes del verano, con cargo al Fondo especial de deudas anteriores al 2012; y los 300.000 euros restantes antes de acabar el año. Para la vocal de la ACAI, sin embargo, este sistema de pagos es inviable para la economía de las clínicas, ya que el calendario implicaría que las clínicas seguirían teniendo deuda acumulada por casi un millón de euros. "Las líneas de crédito nos han vencido y con estas perspectivas nadie nos quiere dar una aval. Este mes ni siquiera está asegurado que se pueda pagar la nómina a los trabajadores", apuntó Andreu. "Estamos dispuestos a negociar, pero con algo que nos permita subsistir", añadió.

El PSOE anunció ayer su intención de pedir la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Ana Mato; mientras que IU reclamará explicaciones al consejero aragonés Ricardo Oliván. Ambos partidos, igual que Chunta, ven en los impagos una decisión política que se enmarca en los anuncios realizados por el Gobierno para la modificación de la ley del aborto.