La consejera de Educación y Cultura, Dolores Serrat, dio ayer una buena noticia a los cientos de personas que reivindican la memoria y la dignificación de sus familiares asesinados y enterrados en cunetas durante la Guerra Civil al asegurar ayer que cumplirá las obligaciones que impone la ley de la Memoria Histórica con el ánimo de que las heridas de la represión franquista durante y tras la Guerra Civil en España cicatricen y no se reabran. La noticia es más positiva después de que los recortes hubieran amenazado los programas, como así se indicó por el propio Departamento de Cultura.

La consejera rectificó ayer, en el pleno de las Cortes de Aragón, y aseguró que el gobierno cumplirá con su obligación y lo hará contando con los presupuestos de su departamento, ante las dudas mostradas por la diputada de IU Patricia Luquin. La parlamentaria le preguntó a la consejera en el pleno por las medidas que va a poner en marcha la consejería para cumplir adecuadamente la ley en lo referente a la localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo.

SE SIGUE TRABAJANDO La consejera le aseguró que cumplirá con lo que establece la norma: ofrecer información a particulares y entidades; cumplir los protocolos de actuación en materia de fosas; velar por la cadena de custodia de los restos hasta su inhumación; actualizar el mapa de fosas; y asistir a los interesados en la búsqueda de información. También incluir los bienes relacionados con la Guerra Civil en los catálogos patrimoniales de la comunidad y elevar las fosas a la categoría de yacimientos arqueológicos. De hecho, especificó que se sigue trabajando, por ejemplo, en las fosas del cementerio viejo de Bureta y del cementerio de Illueca. "No hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer", enfatizó Serrat, quien no obstante indicó que hasta ahora gran parte de la inversión dedicada la Ley de Memoria Histórica se había estado destinando a "cosas que nada tenían que ver con la dignificación de las fosas". Luquin mostró su satisfacción por el hecho de que el gobierno muestre interés por las familias de quienes fueron asesinados, porque tienen derecho a localizar y llorar con dignidad a sus seres queridos". La aplicación de la Memoria Histórica, agregó, es un hecho "de dignidad y justicia" y negó que su intención sea reabrir cicatrices, que por otro lado "no se han cerrado", sino de conocer el pasado para afrontar el futuro.