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VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO CONTRA EL EMPRESARIO

Fiscalía se adhiere a Plaza y acusa a Agapito de estafar a la Justicia

La defensa alega que esa irregularidad es «inocua» para la empresa pública . El empresario se enfrenta a una condena máxima de ocho años de prisión

 

Agapito Iglesias, ayer, en los pasillos de la Audiencia Provincial de Zaragoza antes de comenzar la vista oral. - JAIME GALINDO

L. M. G. lmgabas@aragon.elperiodico.com ZARAGOZA
12/01/2018

El juicio contra Agapito Iglesias por una presunta factura falsa por un movimiento de tierras en la obra del aulario de Formación Profesional (FP) de la Plataforma Logística de Plaza (Plaza) quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Zaragoza. En la última sesión del juicio, la fiscala Ana Cabezas cambió su acusación contra el empresario, apostillando que la estafa de la que inicialmente le acusaba es procesal, es decir, que mintió a la Justicia. De esta forma, el ministerio público se adhirió a las tesis del abogado del Ejecutivo autonómico, José Luis Gay. Junto a este delito, también le señalan como autor de un delito de falsedad documental.

Aunque ambas partes coincidieron en las supuestas irregularidades cometidas por Iglesias, en las solicitud de condenas difirieron. La Fiscalía pidió cinco años y medio de prisión, mientras que la DGA solicitó una pena de ocho años de privación de libertad.

Ambos consideraron que Agapito Iglesias mintió al presentar en un juicio civil una factura de 1,4 millones de euros por unos trabajos que no realizó y, en concreto, una excavación, un saneo de tierras y una compactación dinámica del terreno para levantar un aulario. A lo largo de su informe, tanto la fiscala como el letrado autonómico resaltaron los informes de los peritos judiciales frente a los presentados por el abogado de la defensa, Miguel Ángel Alemán, «que ni llegaron a pisar el terreno e hicieron sus estudios con papeles».

El letrado de la DGA también señaló que uno de los peritos del empresario, José Antonio Plaza, es funcionario de la Comunidad de Madrid como jefe de Servicio en la Dirección General de Infraestructuras y, por lo tanto, el régimen de incompatibilidades señala «que ningún funcionario puede realizar ninguna actividad privada relacionada con el puesto que desempeña en la administración pública donde presta servicio».

Frente a todo ello, la defensa señaló que la causa judicial es «surrealista porque en caso de que se diera por probada esa supuesta falsedad esta es inocua para Plaza en cuanto a que no le ha perjudicado porque Codesport repercutió la factura a Zaragoza Plaza Center», ambas empresas de Agapito Iglesias.

«La sociedad pública pagó por el aulario los 6,4 millones de euros que ya se fijaron en 2007, dos años antes de emitirse esa factura, por lo que la emisión de la factura el 30 de noviembre del 2009 es absolutamente intrascendente», afirmó.

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Suplemento especial del 3 de junio de 2018 con motivo del número 10.000 de El Periódico de Aragón.