El recurso que el ministerio fiscal presentó el pasado 18 de mayo contra el auto que ordena la exhumación de los cadáveres de los hermanos Lapeña Altabás, fusilados en Calatayud y enterrados en los años cincuenta en el Valle de los Caídos, sin el consentimiento de sus familias, fue rechazado ayer por una jueza de San Lorenzo del Escorial al entender que entró fuera de plazo. La maniobra, que no tendrá ningún efecto dilatorio en la resolución, fue calificada ayer como "un disparate jurídico" que supone "una temeridad contra las víctimas del franquismo que buscan su verdad y la reparación", según el abogado de la familia, Eduardo Ranz.
El texto de la Fiscalía, que trataba de tumbar la exhumación, se presentó quince días más tarde de la fecha límite para recurrir, que finalizó el 3 de mayo a las 15.00 horas. El intento no tendrá ningún efecto jurídico, aunque provocará una queja formal ante la Fiscalía General del Estado, al entender la familia que se ha generado un intento de vulnerar el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución Española. "No se ha producido ningún problema de plazos ni de comunicaciones, no tiene ninguna justificación que lo hayan intentado de esta forma", aseguró Ranz. El propio juzgado madrileño califica de "extemporáneo" el intento del ministerio público de frenar la resolución de este modo.
La presente resolución de inadmisión todavía es recurrible en queja en el plazo de diez días ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La vía civil iniciada por Purificación Lapeña (nieta y sobrina-nieta de los dos fusilados) con la ayuda de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) supone un avance judicial único en España en la defensa de las víctimas del franquismo. En estos momentos la aplicación de la resolución depende del permiso de Patrimonio Nacional para intervenir en el paraje de Cuelgamuros, en el que se encuentra el Valle de los Caídos.
PATRIMONIO NACIONAL El abogado explicó ayer que el organismo gestor ya ha recibido la resolución que adoptó el juez de San Lorenzo del Escorial. Ranz indicó que si cuando se agote el plazo el próximo mes de julio no existe una respuesta positiva acudirán al Tribunal Supremo para que se haga efectivo el auto de exhumación.
El proceso para identificar los cuerpos, que presumiblemente se encuentran en un columbario de la tercera planta de la Cripta del Sepulcro, con otros ochenta asesinados (en nueve cajas) en Calatayud será similar al utilizado para buscar a Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid. El mal estado de las criptas y los informes técnicos desfavorables hacen que no se puedan avanzar plazos para la identificación definitiva.
