Los médicos forenses podrán acceder de forma inmediata, previa autorización judicial, a las historias clínicas de pacientes sometidos a un procedimiento judicial, gracias a un convenio firmado hoy por los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén, y Sanidad, Sebastián Celeya.
Gracias al convenio se va a implantar un protocolo de acceso a las bases de datos de las historias clínicas informatizadas del Servicio Aragonés de Salud por parte del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que estará plenamente operativo en enero del próximo año.
El acceso quedará abierto exclusivamente para la consulta de la historia clínica de pacientes incursos en una causa judicial cuando sea necesario para emitir informes solicitados por la autoridad judicial, fiscal o el Registro Civil.
El Salud se compromete a habilitar a los forenses un sistema de acceso a la historia clínica, con un control riguroso, para que sea posible hacer consultas y descargar información.
La herramienta será fundamental para obtener información en casos de internamientos involuntarios, lesiones accidentales, agresiones o violencia machista, mientras que en los casos de fallecimiento podrán establecerse mejor las causas y circunstancias de la muerte.
Para favorecer el estricto cumplimiento de la ley de protección de datos, se establecen mecanismos para garantizar que el acceso a las historias mediante la herramienta informática se circunscribe a lo estrictamente necesario para la elaboración de los informes periciales solicitaos por los jueces.
La herramienta informática, por tanto, requiere para su utilización de una tarjeta identificativa y de una contraseña, pero además se fija un sistema de filtro previo que consiste en la remisión por adelantado de las personas que van a ser objeto de consulta.
Esta herramienta tiene especial importancia en los casos de violencia machista.
Guillén ha recordado que próximamente van a entrar en vigor tres unidades integrales de atención, una por provincia, coordinadas por un médico forense y con participación de un trabajador social y un psicólogo, a quienes hay que dar "herramientas" para que puedan elaborar informes "con absoluto rigor".
