El Gobierno de Aragón baraja hacer una encomienda de gestión a Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) para la construcción del hospital de Teruel. Es el llamado plan B que estudia el Ejecutivo si fracasan las negociaciones con Acciona. De momento la empresa ya se ha puesto en contacto con la consejería de Sanidad para hablar, después de haber anunciado en dos cartas que rescindía el contrato el 3 y el 23 de octubre.
La posición del Gobierno es proclive a rescindir. Se da por hecho que las obras no podrán comenzar antes de las elecciones, así que la fórmula de la encomienda de gestión parece convencer mucho más ahora mismo en el Pignatelli. Entre las ventajas, explicaron ayer desde el Ejecutivo, que el plazo de las obras se acortaría a 40 meses, mientras que con el contrato de Acciona iba más allá de los 50.
El portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro se mostró ayer tajante. Dejó claro que el enfado en el Pignatelli con la empresa es mayúsculo. Dio un plazo de 15 días --termina el 23 de enero-- para cerrar un acuerdo con Acciona. Con una premisa: "Sin pagar ni un euro de más".
TRANSPARENCIA
El número dos del Gobierno recordó la empresa no ha entregado ningún documento "en el que diga lo que quiere" y destacó que "estas grandes empresas tienen que tener claro que hay que actuar con transparencia" porque es dinero público. Advirtió, eso sí, que lo que no va a permitir es que el precio "se dispare a cantidades que no son en ningún caso justificables".
Desde el Pignatelli señalaron ayer que una parte del proyecto la adjudicó a Acciona el anterior Gobierno del PSOE y que al PP solo le ha correspondía la parte económica, en la que ganó Acciona. Lo hizo, recordaron, porque presentó una baja del 20% respecto al precio inicial de licitación que ascendía a 95 millones de euros. Ahora la empresa, según la versión de la DGA, pretendía recuperar ese porcentaje debido a los modificados que se han producido en el proyecto, al incluir el plan contra los riesgos sísmicos.
El Gobierno está de acuerdo en que el proyecto se modifique, pero no según los dictados de Acciona, sino según el criterio de los técnicos, señalaron ayer fuentes del Ejecutivo. "Qué no hubieran dicho de nosotros si el Gobierno siguiente se hubiera encontrado la obra a mitad de hacer y en un cajón un informe que decía lo que decía", se preguntó ayer Bermúdez de Castro. "Hubiera sido muy sencillo para nosotros firmar el contrato definitivo, poner la primera piedra y el que venga después, que arree", apuntó, al tiempo que, respecto de las declaraciones que se están haciendo sobre este asunto, dijo que "las palabras gruesas en este tema no llevan a ningún lado".
Lo decía en referencia a las críticas de la oposición, que en los últimos días ha vertido duras críticas contra el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. La rescisión del contrato y la imposibilidad de iniciar las obras es un duro golpe para la DGA, puesto que era una de las promesas del PP en las pasadas elecciones, y que por unas cosas o por otras se quedará en el tintero.
