El Gobieno decidió ayer anular la clausura de siete aulas de primero de infantil y cuatro de primaria. Tomó la decisión tras las quejas de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Confederación General del Trabajo (CGT) y Comisiones Obreras (CCOO) que, tras una reunión celebrada por la mañana, se les informó del cierre.
Estas entidades condenaron dichos cierres en la escuela pública a pesar de que Montserrat Martínez, directora provincial, se comprometió en la comisión de garantías, celebrada el pasado siete de mayo, a no cerrar aulas hasta el termino del proceso de escolarización.
"Esto es más grave teniendo en cuenta que solamente ya en 1° de Infantil, hay 150 solicitudes fuera de plazo", apuntaron las asociaciones firmantes de la nota de prensa.
Asimismo, hicieron hincapié en que los cierres solo se producen en la escuela pública y no en la concertada. Dicha decisión fue tomada por la directora provincial en funciones del Gobierno saliente en la primera semana de julio. Decisión que, al final, se ha revertido.
