El Gobierno de Aragón prevé finalizar en septiembre la revisión de todo su parque de viviendas para determinar cuáles están en condiciones de ser destinadas al alquiler social. Ayer tuvo lugar la primera reunión entre los departamentos de Vivienda de la DGA y del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que ambas instituciones se comprometieron a establecer comisiones técnicas mensuales para realizar juntos el seguimiento de los casos más urgentes.

La directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, y el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, destacaron tras esta primera reunión la "buena sintonía" entre ambas instituciones.

Aunque la principal preocupación desde ambos gobiernos son los desahucios, y lo reconocen como el tema de mayor "emergencia social", tanto Andreu como Híjar insistieron en que su colaboración no se va a limitar a los casos de lanzamientos. La principal baza de su colaboración serán las políticas de alquiler social y la elaboración de un parque de viviendas que pueda ser destinado a un alquiler accesible a las personas que no pueden pagar un arrendamiento a precio de mercado.

"Hay acuerdo en que tenemos una necesidad acuciante de vivienda de alquiler social y de abordar cambios normativos", manifestó el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que la "sintonía" entre ambas instituciones "dará sus frutos", afirmó el edil, que el martes presentó en el consistorio la creación de una oficina municipal para prevenir y paralizar desahucios, en la que también participa la DGA.

CONVENIO EXISTENTE

Los nuevos gobiernos seguirán trabajando con el connvenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial ante casos de vulnerabilidad, aunque no les parece el escenario idóneo. "Es lo que hemos heredado y trataremos de sacarle el máximo rendimiento", afirmó Híjar. El nuevo Gobierno de Aragón aspira a ampliar el parque de viviendas de la anterior corporación nueva corporación porque consideran que "hay más vivienda" que pueden sacar: "No vamos a tirar nada que nos pueda ser útil, venga de donde venga".

De momento, explicó, los técnicos de la DGA están realizando informes y ya hay una "aproximación general" de las viviendas con las que podrán contar. "Esperamos tener todo contabilizado en septiembre", calculó, porque quieren verificar qué viviendas quedan libres "ya que en algunas se han recolocado ciudadanos" y, sobre todo, "en qué estado se encuentran". "No solamente importa el número, sino saber que son inmuebles susceptibles de ser ocupados porque tenemos claro que el derecho a la vivienda es el derecho a una vivienda digna", concluyó Andreu.