Una vez más y con un más que evidente interés electoralista, el gobierno del PP rectifica y permite que las personas inmigrantes en situación irregular en España vuelvan a tener atención sanitaria, dicen que Atención Primaria. Hasta ahora, y desde poco tiempo después de llegar al poder, por real decreto eliminaron esta asistencia reservándola exclusivamente a urgencias, a niños, embarazadas y situaciones que representaran grave riesgo para la salud pública de los españoles regulares. Eso sí no les van a dar tarjeta sanitaria, van a tener que tener un tiempo de empadronamiento en nuestro país y un determinado nivel de renta.

En realidad, lo que hacen es ratificar aquello que ya estábamos haciendo la mayoría de los profesionales sanitarios en nuestros centros de trabajo. El PP durante estos años ha estado haciendo la vista gorda para contentar a todos y jugando a dos cartas en la baraja.

Pero en realidad, ¿sabe el PP bien lo que dice cuando sostiene que es más sensato y razonable que estas personas sean atendidas en los ambulatorios mejor que en las urgencias de los hospitales? Parece que el objetivo final sea que no se colapsen las urgencias hospitalarias más de lo que ya están y eso no debería ser así. Desde hace tiempo en bastantes hospitales públicos existen servicios de Atención Primaria en los que médicos --fundamentalmente de familia-- hacen de filtro a las personas que acuden a las urgencias de estos centros y que no requieren pruebas de diagnóstico sofisticadas.

En los centros se atienden urgencias que en la mayoría de los casos no es necesario derivar al hospital y se trabaja en equipo y de una forma coordinada administrativos, celadores, trabajadores sociales, matronas, enfermeras, pediatras y médicos de familia. La tarjeta sanitaria es un documento básico para poder asignar las citas a los profesionales.

Sin tarjeta sanitaria no entiendo cómo se va a citar a estas personas, cómo van a aparecer en las agendas de consulta de los profesionales, cómo se van a recoger las visitas a los domicilios, cómo se van a hacer las recetas y las recomendaciones higiénico dietéticas, cómo se van a pedir las pruebas complementarias y las derivaciones a Especializada y a las urgencias hospitalarias o cómo van a acceder a la receta electrónica. Sin lugar a dudas, esto se logrará con un incremento de la querida burocracia que tanto nos asfixia a todos los profesionales y a una aún mayor disminución del tiempo dedicado a la atención a los pacientes.

Aquí lo que hay es mucho desconocimiento por parte de los políticos que apenas pisan los centros de salud, mucho doble lenguaje y mucha hipocresía. En lo único en que no se equivocan es en la palabra hospital, que sigue y seguirá siendo si alguien no lo remedia el rey de la sanidad pública española, por cierto hasta ahora y a pesar de nuestros gobernantes, una de las mejores del mundo. Menos mal que sociedades científicas de médicos de familia y otras entidades ya han remarcado el oportunismo político y la falta de claridad en la medida ahora revocada. ¿Servirá para algo? Para mí la atención a estas personas sigue siendo una cuestión de derechos humanos fundamentales ahora y en el siglo pasado.