Un acuerdo formalizado ayer en la sala de vistas número 2 de la Audiencia Provincial de Zaragoza permitirá a M. J. B. V., hasta hace poco jefa de la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local, eludir la cárcel por haber sustraido durante tres años joyas y dinero en metálico por valor de 7.598 euros de las dependencias en las que estaba destinada.
El pacto, formalizado en una sentencia que la acusada recogió tras comparecer en una vistilla presidida por el magistrado Mauricio Murillo García-Atance, evitará también la celebración de un costoso juicio con jurado popular.
M. J. B. V., defendida en el proceso por la letrada Lorena Domínguez, que cerró un acuerdo con la Fiscalía, aceptó una condena de un año y dos meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para ocupar cargos y empleos públicos. Podrá beneficiarse de la suspensión de la condena --carece de antecedentes y la representante del ministerio público anunció que no se opondrá-- y la inhabilitación no tendrá efectos prácticos, ya que se jubiló hace unos meses, cuando le faltaba apenas un año para llegar a la edad de retirada.
M. J. B. V. aceptó un relato de hechos que indica que, entre el 2011 y el 2013, cuando ocupaba el puesto de jefa de la Oficina de Objetos Perdidos del cuartel de la Policía Local de La Paz, sustrajo de esas dependencias joyas por valor de 5.924 euros --las colocó en establecimientos de compraventa de esos artículos-- y se llevó 1.674 euros en metálico.
ATENUANTES Reintegró esas cantidades a la Policía Local, ante la cual reconoció los hechos que la llevaron al banquillo.
El acuerdo que cierra el procedimiento le atribuye dos circunstancias atenuantes. La de reparación del daño por haber indemnizado al erario público con el valor de los bienes y el dinero que sustrajo. Y la de anomalía psíquica por la ludopatía que padece --fue lo que le llevó a cometer las apropiaciones--, que le causa una "ligera disminución" de sus facultades mentales.
La sentencia le declara culpable de un delito continuado de apropiación indebida con abuso del cargo, en lugar de la malversación por la que inicialmente fue encausada. Las joyas y el dinero de la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local --cuerpo para el que trabajó varias décadas-- no son caudales públicos, sino piezas de propiedad privada custodiadas por la Administración.
