La Sección Territorial de Aragón de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha expresado hoy su convencimiento de que la medida adoptada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para resolver las demandas relativas a las cláusulas suelo "está abocada al fracaso".
La asociación ha señalado en nota de prensa como responsables de este asunto a "una sucesión de Gobiernos de España" que han hecho "poco o nada" por dotar a la Administración de Justicia de los medios materiales y personales con que la misma ha de contar.
La sección aragonesa de esta asociación se ha referido a un acuerdo del pasado 25 de mayo de la Comisión Permanente del CGPJ de atribuir a determinados juzgados, "de manera exclusiva y no excluyente", el conocimiento de los asuntos relativos a condiciones generales de los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Sobre esto, han opinado que el CGPJ ha perdido una nueva ocasión de plantar cara al poder ejecutivo en defensa de la dignidad de la Judicatura, y sobre todo del interés de los justiciables.
Las fuentes han señalado que la medida aprobada por el CGPJ se ha adoptado de forma unilateral, sin atender la contraria opinión manifestada por las Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia de varias Comunidades Autónomas, por numerosas Juntas de Jueces a lo largo y ancho del territorio nacional, y por diversos colectivos funcionariales y profesionales relacionados con la Administración de Justicia.
Han considerado que no es asumible que el conocimiento de esta materia recaiga principalmente en los Jueces de la última promoción, quienes se encuentran todavía finalizando su periodo de formación, estando todavía sujetos a evaluación por la Escuela Judicial.
En este sentido, no obstante, han incidido en que la realidad supera sus peores temores viendo la pretensión de obligar a jueces que no han completado su período formativo y que, pese a su elevado nivel de conocimientos y disposición, carecen de la experiencia necesaria, a asumir una fortísima carga de trabajo desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo.
También han apuntado al previsible colapso de los correspondientes Juzgados, implicando un evidente retraso en la tramitación de este tipo de procedimientos, frustrando así las legítimas expectativas de muchos ciudadanos.
Por, ello han asegurado que no pueden permitir que se pretenda hacer recaer la responsabilidad del fracaso de la respuesta judicial a estas demandas en la Administración de Justicia.
Esta asociación, integrada aproximadamente por unos 800 jueces y magistrados, es la segunda por número de asociados en España.
