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tribunales /homicidio

Jura por su hijo que no provocó fuego en la residencia donde murieron 9 ancianos

Por estos delitos, la fiscalía reclama para ella penas de 62 años de cárcel que elevan a 138 las acusaciones particulares

 

María del Carmen Alejandre, acusada de 9 delitos de homicidio, 9 de lesiones y uno de incendio provocado - EFE

EFE
19/06/2017

La mujer acusada de provocar un incendio en una residencia de Zaragoza en el que fallecieron nueve ancianos en julio de 2015 ha asegurado hoy en la primera sesión del juicio contra ella en la capital aragonesa que no lo provocó, lo que ha jurado por su hijo mayor, que padece minusvalía.

La mujer de 64 años, María del Carmen Alejandre Soriano, que residía también en este centro de mayores, ha asegurado que el 1 de agosto se iba a marchar de ese centro, que no le gustaba.

"No lo hice, lo juro por lo que más quiero en este mundo, por mi hijo deficiente de 42 años", ha aseverado al inicio de su declaración en el juicio con jurado popular que hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Zaragoza como acusada de 9 delitos de homicidio, otros 9 de lesiones y otro de incendio provocado.

Por estos delitos, la fiscalía reclama para ella penas de 62 años de cárcel que elevan a 138 las acusaciones particulares, algunas de las cuales piden también la responsabilidad civil subsidiaria del Gobierno de Aragón.

La mujer ha insistido en su declaración en que se han dicho "muchas mentiras" y ha relatado que ese 11 de julio de 2015 subió a su habitación para acostarse y olió a "humillo" y que después vio el fuego desde el pasillo en un cuarto contiguo y avisó a la cuidadora.

Posteriormente ayudó a sacar del edificio a una de las residentes, ha resaltado.

La acusada ha reconocido que no tuvo problemas por inhalación de humo y que se sentó después en un columpio "porque se lo mandaron" y aunque ha apuntado que, antes del incendio, se "cabreó" con su otro hijo y no quería estar en esa residencia "porque no le gustaba", ha insistido en que ayudó a sacar a una de las residentes y en que no había discutido con ninguno de sus compañeros.

El juicio, que se prolongará hasta el próximo lunes, tratará de determinar también la responsabilidad civil subsidiaria del Gobierno de Aragón que reclaman algunas familias de los residentes, aunque el representante legal del ejecutivo, José Luis Gay, ha subrayado que la Comunidad "ejerció la inspección" que le correspondía en el inmueble.

Antes de que declarara la acusada, su abogada, Sara Pradas, ha insistido en que existen "indicios pero ninguna prueba" contra ella y en que las trabajadoras de la residencia dijeron que había sido ella "por su carácter, porque sabían que había estado en prisión con anterioridad, por su estado mental o porque había discutido ese día con su hijo".

Además ha negado que todos los residentes estuvieran atados o en sus camas esa noche, dado que un fallecido fue hallado junto a una puerta y ha insistido en que la mujer "niega" la acusación y el 1 de agosto de ese año "iba a entrar en otra residencia".

La fiscal, Pilar Cavero, ha señalado que aunque no hay prueba directa de que ella iniciara el fuego y no lo ha reconocido, los indicios y pruebas recabadas "apuntan a ella porque el resto de residentes, salvo una, estaban durmiendo".

Ha recordado que María del Carmen Alejandre fue condenada en 2013 por clavar un puñal a su marido, por lo que ingresó en un centro penitenciario y fue incapacitada psíquicamente y además abusaba del alcohol, y que la mujer ingresó en la residencia Santa Fe en febrero de 2014.

Entre los abogados de la acusación particular Ricardo Agóiz, que representa a nueve familias afectadas, ha destacado que "sólo ella pudo incendiar la cama dado que el resto estaba atado o impedido y sabía que si causaba un incendio iba a haber víctimas mortales -porque había internos no válidos- y eso es maldad", toda vez que ha incidido en su voluntad de causar "el mayor daño posible para destruir la residencia en la que no quería estar".

Otros representantes de las acusaciones particulares han incidido en que existió esta "intencionalidad manifiesta" y en que existe una responsabilidad civil y también han resaltado el hecho de que la residencia aceptó el reto de cuidar de ella "y controlarla" porque dado su historial, debería haber ingresado en un centro psiquiátrico.

Y han denunciado que el inmueble no tenía licencia municipal de actividad ni apertura, que no había medios antiincendios y que había una única cuidadora esa noche para atender a los 19 internos, entre los que la acusada, que entonces tenía 62 años, era la más joven, y de los que había personas dependientes en la primera -donde se inició el fuego- y segunda planta "contra la normativa".