La DGA garantiza la continuidad del turno de oficio cuatro años en Aragón

Los representantes de los consejos de colegios de abogados y de procuradores, Alberto Allepuz y Luis Ortega, firmaron el acuerdo el jueves, mientras que el consejero del ramo, Roberto Bermúdez de Castro, lo rubricó ayer. El documento tiene validez retroactiva desde el 1 de julio del 2011.

El acuerdo por el que el Consejo de Gobierno de la DGA dio el pasado martes el visto bueno a la firma del convenio prevé destinar 14,1 millones de euros a financiar el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, un servicio público esencial que el año pasado rondó en Aragón los 20.000 usuarios. Todos ellos eran miembros de unidades familiares que ingresan menos de 1.065 euros mensuales --es una de las condiciones de acceso-- y que se ven envueltos en pleitos, ya sea por pretender desahuciarlos un banco, por tener problemas laborales o porque --normalmente por no poder cubrir sus necesidades básicas-- terminan delinquiendo.

PREVISIÓN El crédito anual previsto para este programa, de cuatro millones de euros --3,73 para los abogados y 289.300 para los procuradores--, tiene la catalogación de ampliable, ya que la "indeterminación en el número de actuaciones que se puedan producir en cada ejercicio" hace que sus necesidades de financiación no puedan ser establecidas de antemano. Con todo, esa previsión triplica la que el proyecto de Ley de Presupuestos de la DGA asigna este año para la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía --1,65 millones--, supera con creces a la de la Dirección General de Deportes --tres millones-- y equivale al 75% de la prevista para la de Cultura --5,3--.

El acuerdo incluye varias modificaciones de los módulos --indemnización por cada tipo de servicio--. En el capítulo de Asistencia al Detenido y de y en los asuntos penales sufren pequeñas rebajas en relación con las vigentes para el primer semestre de este año, aunque siguen por encima de los precios del 2010. Ocurre lo contrario en materias como la Jurisdicción Civil y la Contencioso Administrativa, en la que las tarifas registran un aumento frente al primer semestre de este año.

Estos módulos de compensación a los abogados y procuradores permanecerán congelados durante 18 meses, hasta diciembre del 2012. El acuerdo contempla que los profesionales recuperen esa pérdida de poder adquisitivo en los dos ejercicios siguientes. Las tarifas se incrementarán en cada uno de esos ejercicios tanto como haya subido el IPC del año anterior, y a ese aumento se le sumará la mitad de la inflación del 2011, que quedará recuperado al acabar el 2014.

NOVEDADES La parte económica del convenio incluye otras dos novedades: una cláusula de revisión condicionada al crecimiento económico y un sistema de anticipos a cuenta para evitar demoras en el cobro.

Los colegios de abogados y de procuradores seguirán facturando las asistencias a trimestre vencido, un sistema que hace que los profesionales lleguen a tardar nueve meses en cobrar por su trabajo. De hecho, en unos días percibirán los pagos correspondientes al segundo trimestre, con lo que podrán saldar los servicios del 1 de abril al 30 de junio.

"Con el fin de evitar demoras excesivas en el pago de los servicios prestados", el convenio contempla que la DGA abogará al principio de cada mes 200.000 euros al Consejo de Colegios de Abogados y 25.000 al de Procuradores "en concepto anticipo de liquidación trimestral".

La liquidación trimestral incluirá, además de la facturación y los anticipos, un tercer factor: las costas judiciales.

La legislación procesal contempla, entre otras, estas tres posibilidades: que al usuarios del Servicio de Justicia Gratuita le salga gratis el proceso por haber obtenido un pronunciamiento favorable a sus intereses en ese apartado del proceso judicial; que sea condenado a asumirlas "y dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniera a mejor fortuna", con lo que debería cubrirlas, o, también, que resulte vencedor en el pleito pero la sentencia no se pronuncie sobre quien debe asumir las costas, con lo que debería pagar las causadas por su defensa siempre que no excedan de la tercera parte de lo que haya obtenido.

El convenio contempla que los abogados que hayan prestado el servicio, "una vez gestionado y obtenido el pago por cualquiera de estos casos, estarán obligados a devolver las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso".

Por último, el acuerdo prevé que letrados y procuradores "podrán solicitar negociar otras nuevas bases de compensación" si "el PIB real correspondiente al ejercicio económico anterior resulta superior a 2,5".