La prueba piloto para la implantación de la tarjeta ciudadana en el uso de los taxis adaptados comenzará en enero, con tres meses de retraso, por la falta de entendimiento que ha habido entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el sector de los taxistas y la Fundación DFA, que fue quien impulso este nuevo servicio y, a juicio de las otras dos partes, también quien lo ha bloqueado desde el pasado mes de septiembre. Todo por una de las premisas con la que nació esta iniciativa: la retirada de dos de los diez autobuses PMRS que prestan ahora el servicio de transporte a quienes acrediten una discapacidad (avalada por el IASS) entre los grados 7 y 15.

En septiembre ya estaban preparados los dispositivos móviles desde los que los beneficiarios de estos taxis adaptados podrán solicitar el servicio y las terminales de a bordo de los vehículos con las que, a través de la tarjeta ciudadana (de recarga, no de pospago) podrán pagarlo al bajarse. Ya estaba decidido que se probaría en cinco taxis para ver si funcionaba, en una primera fase en la que podrían acceder a esta prueba piloto un total de ocho personas. Más adelante, en una segunda fase, pasarían a ser 50. Así lo explicó a este diario el director general de DFA, Javier Guiu, quien negó que exista cualquier polémica al respecto y dio por hecho la predisposición del consistorio a que no se retire ningún bus mientras se hagan unos tests, que pueden prolongarse "unos cinco meses". "Después ya veremos si hay que quitar dos, tres o ninguno", declaró.

DIFERENTES VERSIONES Sin embargo, no es la misma visión que se tiene desde el sector del taxi, que aseguran que "estaba todo listo para empezar en septiembre y el retraso no se debe ni al ayuntamiento ni nosotros, sino a que DFA ha exigido que no se quite ningún autobús amarillo, cuando se acordó que se retirarían dos". Por eso y para desbloquear su puesta en marcha se reúnen hoy en el consistorio todas las partes implicadas, porque además hay una partida de 100.000 euros en el presupuesto dedicada a esta prueba piloto que se quedaría sin gastar.

Los taxistas aseguran que ellos ofrecerían mejor servicio que los buses amarillos, en tiempo real y por menor coste. Y es que los PMRS registran unos 70.000 usos al año y cuesta entre 1,5 y 2 millones de euros a las arcas municipales. "Con 25 taxis podríamos hacer 450 servicios diarios, 140.000 al año", explicaron fuentes del sector. O, lo que es lo mismo, los 7.000 anuales que hace ahora cada autobús amarillo pero le costaría al consistorio "unos 700.000 euros", la mitad.

Mientras, desde el consistorio se limitaron a afirmar que está "todo el dispositivo preparado para iniciar la prueba piloto". DFA prevé hacerlo "después de las fiestas de Navidad".