Uno de los proyectos inversores más grandes de Aragón puede acabar en los tribunales en el mes de octubre. Es el plan especial de depuración del Pirineo. La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) se ha cansado de no obtener respuesta del Instituto Aragonés del Agua ante los continuos requerimientos hechos y en los que le preguntan por qué no se han hecho la mayor parte de las depuradoras previstas en el plan y sin embargo sí se aplica el canon de saneamiento. Es decir, se está pagando por unos servicios que en realidad no se reciben.

Ante los reiterados silencios de la Administración, una junta de Adelpa que se celebrará en octubre decidirá si se recurre al contencioso-administrativo. La voluntad de un gran número de alcaldes es que sí. Ante las dificultades de las empresas concesionarias que deben hacer las obras, el Gobierno de Aragón se ha planteado reducir el número de depuradoras que se construirán en las cuatro zonas en las que se dividió el Pirineo aragonés. Se dan casos tan particulares como que en la Comarca del Sobrarbe no hay ni una en funcionamiento. La DGA se escuda en que casi el 90% de la población aragonesa depura sus aguas. Lo que sucede es que en el Pirineo hay más de 200 entidades locales con escasa población y apenas hay 21 depuradoras construidas.

INCUMPLIMIENTOS Además, desde junio obra en poder de la asociación un dictamen jurídico, elaborado por La Calle Asociados, en el que se confirman una serie de incumplimientos por parte del Gobierno de Aragón respecto al plan, que cuenta con una cuantiosa partida presupuestaria, de mil millones, procedente de fondos europeos.

Uno de los incumplimientos más llamativos, según las conclusiones del dictamen, es el siguiente: "Los fondos recibidos por el Gobierno de Aragón para la financiación de las estaciones de depuración del Pirineo aragonés se han destinado por este a otros fines. La desviación del destino de unos fondos finalistas, ya sea en todo o en parte, es contraria a la cláusula del convenio y ha tenido efectos perjudiciales para las entidades locales del Pirineo aragonés y sus ciudadanos". Aunque no se especifica a dónde han ido esos fondos, el informe resalta que estas entidades sí pagan el canon de saneamiento aunque en realidad no están depurando sus aguas.

QUIEN CONTAMINA PAGA No es el único incumplimiento que, a juicio del dictamen, se está produciendo. También explica motivadamente que con la aplicación de la tarifa de saneamiento a estos entes locales se está "vulnerando el principio de quien contamina paga", recogido en el Derecho comunitario.

Uno de los aspectos en los que incide también es que se vulnera el derecho a la información. Detalla hasta cinco requerimientos efectuados este año por Adelpa tanto a la Consejería de Medio Ambiente como a su Instituto Aragonés del Agua sin que se haya obtenido respuesta alguna. Según el informe jurídico, se está faltando a numerosas directivas europeas que obliga a "difundir los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de los vertidos de las aguas residuales y lodos de depuradoras en Aragón". Junto a este punto, también se incluyen varias directivas que no se respetan en el ámbito de la legislación medioambiental europea.

Está por ver cuál será la decisión final que tomen los entes locales pirenaicos, aunque varias fuentes consultadas abogan por iniciar un contencioso con la Administración ante la falta de respuesta reiterada. El plan de depuración ha sido polémico desde el primer día por el destino de los fondos.