El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, por fin se verán las caras el próximo sábado. Lejos de sus despachos, en Cambrils, en el homenaje que se rendirá en la localidad tarraconense a la víctima del atentado del año pasado, ambos coincidirán en mitad de sus vacaciones y con las agendas aparcadas hasta septiembre. El parón estival solo marca un paréntesis a los nueve meses que les restarán luego para intentar solventar alguno de sus múltiples asuntos pendientes. Y hacerlo tras meses de tensiones y pulsos mutuos. Y después de que hace unos días el alcalde le acusara al presidente de traicionar a Zaragoza presionando al presidente Pedro Sánchez para que recurriera la ley de capitalidad.

Los ciudadanos puede que ya hayan perdido la cuenta de los ataques que ambos se han dedicado en el último año, o de quién empezó todo. Pero pueden reprocharles a ambos que dos formaciones de izquierdas no sean capaces de ponerse de acuerdo en casi nada. Ahora bien, oportunidades no le van a faltar porque el listado es largo. Y complejo.

No todo es el ICA

En la hoja de ruta autonómica la prioridad parece estar clara: normalizar el cobro del ICA en Zaragoza a pocos meses de las elecciones con los segundos recibos en la rampa de salida hacia los domicilios y una propuesta de inversiones de retorno a la capital a la que el consistorio sigue sin responder. Ya ha logrado que los zaragozanos paguen por primera vez, incluso que el ayuntamiento lo abonase, no sin hacerlo a regañadientes y exprimiendo plazos.

Ahora bien, por parte del ayuntamiento, los temas a abordar no son baladí, ya que afectan a un desembolso de varias decenas de millones de euros. El dinero para acometer el sellado del vertedero (11,3) es solo una más de sus exigencias. Empezando por el convenio de más de 20 millones de euros por las competencias delegadas con la ley de capitalidad y por los servicios sociales. En el consistorio afirman que, por ejemplo, por asumir las labores en materia de dependencia ya llevan adelantados 6 millones que la DGA sigue sin abonar.

Otra cuestión relevante es decidir el reparto del espacio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, o de si piensa abonar el Pignatelli el IBI de los múltiples edificios públicos de la DGA que siguen sin hacer frente al recibo de este año. O si del tranvía, por el que le reclamaba 39 millones y ahora se conformaría con recibir los 7,9 que sí que reconoce como deuda. Y los 8 millones de este año por la capitalidad. Ya que no hay bilateral...