Los ocho imputados por la carga policial ocurrida en Artieda (Zaragoza) durante una concentración en octubre de 2012 contra las expropiaciones para el recrecimiento del embalse de Yesa, en su mayoría jóvenes, temen un proceso judicial que pueda truncar sus vidas profesionalmente.
Así lo ha señalado Arriel Domínguez, acusado junto a Oscar Ara, Sergio Palacín, Chesús Mª Royo, Miguel Palacín, Jorge Luis, Alex Ubieto y Javier López de resistencia a la autoridad, atentado y lesiones a los agentes que intervinieron de entre leves y graves.
Por estos hechos fiscal y acusación particular les piden penas que van desde los 2 hasta los 6 años y medio de prisión y multas que suman más de 22.000 euros.
Dos semanas después de los sucesos los imputados también presentaron denuncia por las lesiones sufridas durante la carga que no fueron admitidas por el juez que consideró que "los manifestantes se habían comportado de manera extraordinariamente agresiva", según Domínguez.
Por ello, este imputado confía en que el material audiovisual recopilado por los hechos sirva para que "se acabe el despropósito" y los afectados, a quienes defienden Gema Garreta y José Luis Lafarga, sean absueltos.
Los imputados confiaban en el archivo de la causa pero se han encontrado con la continuidad del proceso y la "sorpresa" por las elevadas penas que les solicitan en un momento además en el que uno de los jóvenes está preparando oposiciones de magisterio, lo que en el caso de condena les impediría continuar con este proyecto de vida, ha explicado.
Domínguez ha atribuido la carga a que la concentración se produjo una semana después de la primera convocatoria "rodea al Congreso" y había "mucha ansiedad" entre los agentes.
Reconoce asimismo que aunque "todas las señales, entre ellas un helicóptero, indicaban" que ese día "iba a ver lío, no nos lo quisimos creer" y a pesar de que se trataba de una concentración pacífica "vinieron, nos lincharon y se fueron".
Los sucesos ocurrieron el 10 de octubre de 2012 cuando vecinos de Artieda, de pueblos de la comarca y personas contrarias al recrecimiento de Yesa se concentraron en la carretera de acceso al pueblo para impedir que las expropiaciones se llevaran a cabo.
A pesar de los esfuerzos durante estos años para que la causa fuera archivada, por "irracional e inconsistente", el proceso ha seguido su curso y ocho personas se encuentran a la espera de juicio, del que todavía se desconoce la fecha.
