Decenas de funcionarios arroparon ayer a sus compañeros del Registro Civil de Zaragoza en una concentración de protesta por la "privatización" que, sostienen, pretende acometer el Gobierno al traspasar sus competencias a los registradores. Un colectivo que, paradójicamente, no las desea, según lo que votaron en su última --y segunda de su historia-- asamblea general, celebrado el pasado año en Zaragoza.

Para los funcionarios, el traspaso de competencias supone que los datos de los ciudadanos pasarán a estar en manos de entidades semiprivadas --solo el registrador tiene la consideración de funcionario público, no así los trabajadores-- y los ciudadanos tendrán que pagar por certificados que ahora no están gravados. El alcance de este punto no está muy claro, ya que las informaciones que se van filtrando indicarían que al menos algunos certificados básicos, como el de nacimiento o defunción, estarían exentos de pago.

La convocatoria llega después de que el sindicato CCOO haya conocido, "de fuente totalmente fiable", que el Ministerio de Justicia se reunió el pasado lunes con los colegios de registradores para agilizar el traspaso. La ley que regula el servicio entraría en vigor en junio, aunque ya se preveía para el año pasado.