La municipalización se ha convertido en una obsesión para Zaragoza en Común (ZeC) a pesar de que su repercusión se reduce a un sinfín de expedientes con dobles lecturas y un enfrentamiento constante entre el Gobierno de la ciudad y la oposición. Desde que el responsable de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, se puso la banda roja de concejal no ha parado en su afán de internalizar servicios.
Primero lo intentó con los puntos limpios y tuvo que aplazarlo. También con la depuradora de aguas de La Almozara y se topó con un Consejo de Eadministración de Ecociudad que le dio la espalda. Ahora se ha propuesto hacerlo con el servicio telefónico. Para eso ha utilizado la firma del alcalde, Pedro Santisteve, que ha decidido que, por decreto, el día 1 de marzo las 14 empleadas del 010 pasen a ser personal laboral indefinido no fijo. Y luego se crearán los puestos correspondientes en la plantilla para poder convocar una Oferta Pública de Empelo (OPE) y cumplir así con el principio de libre concurrencia. Para llegar a este punto han hecho falta muchos informes. El primero de ellos data de enero del 2016. Fue la primera vez que Cubero vio luz en esto de la internalización. Este documento jurídico avalaba la posibilidad de subrogar la plantilla siempre y cuando el personal pasara a ser laboral indefinido no fijo y mantuvieran su convenio presente para evitar que supusiera un aumento del coste de la prestación del servicio.
Y si vio la luz por un lado, la oscuridad por el otro. Porque este informe ya decía que las actividades que pretendía municipalizar ZeC no compartían el objeto social de ninguna sociedad municipal y, por si los problemas no eran suficientes, el plan de ajuste le impide al consistorio crear nuevas sociedades o modificar su objeto social.
Primer intento
Precisamente, la gestión del agua sí que cumplía este requisito y también cabía la opción de subrogar a los empleados, alrededor de 40. Así que todos los esfuerzos se trasladaron a la depuradora de La Almozara. Desde ZeC insistían en que se debía rescatar sí o sí porque saldría más barato -algo cuestionado por la oposición-, se mejoraría la calidad y sería gestionado por la sociedad Ecociudad. Todos los ingredientes necesarios para iniciar un proceso, salvo uno que, además, era el más importante: los apoyos, algo de lo que carece ZeC. El pleno tumbó cualquier posibilidad de hacer realidad la promesa de la formación del cambio.
Mientras, la internalización del los puntos limpios se quedó aparcada en un cajón porque no había sociedad alguna que pudiera adoptar este servicio. Así que el 010 se presentó como diana y como única opción real de llevar a cabo, al menos, un proceso de municipalización. Se han hecho una decena de informes de los servicios jurídicos, económicos, personal e intervención. El más importante es el que menos ha gustado al Gobierno, el del interventor, que dicta norma y que se mantuvo oculto durante varias semanas porque, según dicen las malas lenguas, sus conclusiones no gustaban nada porque negaban cualquier opción de rescate. El interventor decía que no se cumplían -algo que reiteró en otro posterior de febrero- todas las condiciones necesarias para iniciar el proceso. Entre otras cuestiones, exigía que la subrogación se hiciese una vez que ya existieran las 14 plazas en la plantilla municipal.
La negociación
Cubero hizo caso al interventor e incluyó los 14 puestos en la propuesta de plantilla, pero el PSOE se negó a negociar los presupuestos si no se posponía el debate del 010. Al final, Santisteve tuvo que recular y ceder a las presiones socialistas. Cuando parecía que este tema se había quedado en stand by, Santisteve y Cubero aparecieron para anunciar que el 1 de marzo el 010 sería de gestión pública. Así, sin previa negociación. Ante las acusaciones de la oposición sobre la legalidad del proceso, el Gobierno alega que existe otro informe jurídico posterior al de Intervención que dice que la subrogación se puede hacer antes de crear las plazas en la plantilla, contradiciendo al interventor. Y eso harán.
