Exdirigentes de la extinta empresa pública Sodemasa, creada en 2003 por el Gobierno PSOE-PAR para prestar servicios a la consejería de Medio Ambiente, han defendido su papel en la gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración por entender que su estructura jurídica proporcionó mayor agilidad y rapidez a las actuaciones exigidas para cumplir con las obligaciones europeas en esta materia.
Ante la comisión parlamentaria de investigación que pretende determinar, en su caso, las supuestas responsabilidades políticas en este plan de depuración, han comparecido hoy cinco exresponsables de esta empresa pública que en 2012 se fusionó con Sirasa, la empresa pública instrumental que en este caso dependía del Departamento de Agricultura, y dos de las empresas que redactaron alguno de los anteproyectos.
El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) se aprobó en 2001 ante las exigencias de la UE en cuanto a la calidad de los ríos, que el plan no obstante amplió, y en 2004 vio la luz el plan especial para la depuración que abarcaba la construcción de 171 obras en Aragón, que se dividieron en trece zonas.
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) encargó a Sodemasa la licitación y adjudicación de la redacción de los anteproyectos de los contratos de construcción y explotación de las depuradoras en estas trece zonas, así como otros cuatro contratos llamados "tipificados" sobre los modelos de plantas depuradoras a construir en cada zona en función de los habitantes equivalentes a los que habrían de dar servicio.
Así lo ha explicado el director gerente de Sodemasa desde su creación a su disolución, Jesús Jiménez Muniesa, quien ha respondido a preguntas acerca de por qué se optó por hacer el encargo a la empresa pública en lugar de que el IAA lo acometiera directamente.
Ha defendido la "idoneidad" de la decisión, que por otro lado no fue suya, porque suponía una ejecución más rápida y porque las posibilidades de incorporar al personal necesario para llevar a cabo los trabajos eran más sencillas que si las contrataciones las tuviera que hacer directamente la administración.
El IAA, no obstante, supervisaba cualquier actuación de Sodemasa, que en 2004 sacó a licitación la redacción de los anteproyectos, que se adjudicaron en junio de ese año con un plazo de ejecución de cuatro meses.
Los gerentes de dos de las empresas adjudicatarias, Domingo Montserrat (Ingenieros y Arquitectos Valle del Ebro) y Rafael Fernández de Alarcón (Idom Zaragoza) han considerado durante su comparecencia que fue un plazo "bastante ajustado", ya que se exigían estrictas condiciones y se tenían que realizar múltiples mediciones y estudios geotécnicos
De hecho, según Alarcón, en los pliegos del contrato se exigía la participación de ocho o diez técnicos pero en Idom llegaron a trabajar en este anteproyecto hasta 25, para redactar un proyecto "bastante detallado" y "muy trabajado".
También Montserrat, en videoconferencia desde Filipinas, ha asegurado que hicieron un anteproyecto que casi lo era de construcción.
Estos anteproyectos sirvieron de base para la adjudicación después de los contratos de redacción de la construcción y explotación de las depuradoras (para las que se optó por un modelo concesional).
En la anterior sesión de la comisión, técnicos del IAA y de la propia DGA explicaron que todas las empresas adjudicatarias de estos segundos contratos pidieron prórrogas sobre el plazo de un mes que se establecía aduciendo la poca concreción de los anteproyectos previos.
Para los responsables de Sodemasa, el PASD fue en realidad un ?éxito?, porque en cinco o seis años, ha dicho Jiménez Muniesa, se consiguió construir 93 plantas de las 171 previstas y más de 400 kilómetros de colectores.
Marcelo Martín, jefe de proyectos de la empresa pública, ha insistido en que el PASD no fue un fracaso, pero que el ?contorno económico? y la crisis a partir de 2008 hicieron que las empresas adjudicatarias de la construcción ?vieran mermadas sus posibilidades de financiación?, pero eso no significa que el plan ?estuviera mal definido o fuera demasiado ambicioso?.
Por su parte, el director del departamento de infraestructuras de Sodemasa, Alberto Cobelo, ha defendido como ?perfectamente lícito? el modelo que se eligió y que se encargara parte de su gestión a Sodemasa, porque así se podía actuar ?con urgencia?.
El modelo concesional elegido, "pionero" en toda España para la construcción de depuradoras, permitió cumplir las exigencias de la UE y ayudó a los ayuntamientos que, aun teniendo las competencias en esta materia, no podían ejecutar las obras por su poca capacidad de financiación.
Por eso, ?la mayoría? de los municipios recibieron el plan especial de depuración "con cierto alivio" y sin la contestación que Cobelo ha percibido después en algunas zonas, que ha achacado fundamentalmente a la aplicación del Impuesto de Contaminación Ambiental (ICA).
Respecto al ICA, Marcelo Martín, quien se ha declarado "padre intelectual" del plan de depuración, ha considerado que "no tiene justificación" excluir a Zaragoza del pago de un impuesto que es "ambiental", porque grava el consumo de agua en tanto en cuanto "siempre que se abre el grifo, se contamina".
Por eso, ha dicho que "no es racional" establecer en el ICA medidas ?discriminatorias? o progresivas en función de los ingresos o la renta, y que hay otros impuestos que ?sí se pueden tocar? con criterios de progresividad, pero no este.
