Un jefe de área de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) cargó al erario público desplazamientos ficticios desde septiembre del 2014 hasta la actualidad. Según varias fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, lo hizo con el permiso y el beneplácito del jefe de su departamento, que autorizaba las dietas por un kilometraje que en realidad no se efectuaba, y con el del responsable del jefe del departamento financiero, quien autorizaba el pago final de las cuantías.
Son los hechos contrastados por una investigación llevada a cabo en el seno de la propia empresa Sarga, y reconocidos por los tres directivos implicados. Ahora, los tres disponen de cinco días de permiso retribuido para presentar sus alegaciones y justificar que, efectivamente, se realizaron esos viajes. Los tres alegaron que el exgerente de Sarga, Enrique Martín Bernal, era conocedor de estas prácticas.
Los implicados en este supuesto fraude, según pudo saber este diario, son Silvio Dellepiane (Servicios Agrarios), L.F. (jefe del Departamento de Finanzas) y José Luis González (subdirector). Los tres, exdirectivos de SIRASA. La DGA rechazó confirmar los nombres de los implicados.
Según apuntan las fuentes consultadas, el falseamiento de las dietas respondería a la intención de mantener el mismo salario a Silvio Dellepiane, que en la reestructuración de Sarga pasó de ostentar el cargo de responsable de departamento al de jefe de área. Así, gracias a las dietas extra de kilometraje y a pesar de haber perdido una categoría profesional, Dellepiane habría podido mantener su nivel salarial.
1.000 KM AL MES
Aunque el expediente abierto en Sarga no especifica la cuantía defraudada, las mismas fuentes afirman que se giraban dietas de kilometraje de 1.000 kilómetros al mes. A 19 céntimos el kilómetro, la cuantía ascendería a unos 190 euros mensuales. Es decir, si se tienen en cuenta las 18 mensualidades transcurridas desde septiembre del 2014, suman 3.420 euros.
De confirmarse los hechos, los tres directivos de Sarga habrían cometido una "falta grave", que se penaliza según el convenio con la suspensión de empleo y sueldo durante 60 días o, en el peor de los casos, con su despido de la empresa. Los trabajadores de la empresa manifestaron que "no les ha pillado por sorpresa" y afirman que es una situación que ya denunciaron al inspector de trabajo. Consideran, además, que lo más probable es que los tres directivos sean despedidos.
Todas las fuentes consultadas descartaron que haya implicación a nivel político en el Gobierno de Aragón. Sostienen que el fraude era un acuerdo que empezaba y finalizaba en Sarga.
