El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha requerido al Departamento de Educación para que, en el plazo de un mes, proceda a la ejecución forzosa de la sentencia que da la razón al AMPA del colegio Pío XII de Huesca. En ella se acordaba fijar una proporción concreta de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que han de escolarizarse en cada uno de los colegios públicos y privados concertados de la comunidad.
En caso de incumplimiento, el TSJA podrá adoptar medidas necesarias para lograr su efectividad mediante multas económicas o exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los responsables de esta materia.
El AMPA recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón las órdenes de admisión de alumnos de los cursos 2011-2012 y 2012-2013, por considerar que «vulneraban el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todos los alumnos y la cohesión social, sin atender la obligación establecida por la norma de conseguir una adecuada y equilibrada distribución de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo».
El 28 de noviembre del 2014, el TSJA anuló las Órdenes de escolarización de centros públicos y concertados de Aragón de los ejercicios 2011-12 y 2012-13 en cuanto incumplían la obligación impuesta en los artículos 84 y 87 de la Ley de Educación y condenaba al Gobierno de Aragón a fijar una proporción concreta de alumnado Acneae (con necesidades especiales).
«Hay que señalar la importancia de este auto de ejecución forzosa, pues puede terminar con la resistencia de los sucesivos Gobiernos de Aragón a cumplir las leyes educativas y lograr que se adopten por fin algunas medidas beneficiosas para lograr una educación de calidad», indicaron desde la asociación de padres.
Por su parte, Educación indicó que «se está estudiando la forma más idónea de ejecutar la sentencia».
