La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Zaragoza ha ordenado la paralización de la subasta de una vivienda ante la sospecha de que la hipoteca que un matrimonio suscribió con la CAI (Caja de Ahorros de la Inmaculada), y cuya ejecución instó tras el impago de varias cuotas, contiene cláusulas abusivas que podrían conllevar su nulidad total o parcial.
Se trata de la primera medida de este tipo que dicta un juzgado aragonés, en este caso dentro de un procedimiento anterior a la reforma de la Ley Hipotecaria provocada por la censura que el Tribunal de Estrasburgo emitió sobre la normativa española sobre ejecuciones.
La pareja, defendida por la abogada Maria Ángeles Tirado Anglés, que asumió el asunto por reparto en el turno de oficio, suscribió con la CAI en mayo del 2002 un préstamo hipotecario de 162.275 euros para comprar una vivienda. El préstamo estaba gravado con un interés del euribor más 1,25 puntos y un interés de demora del anterior más cinco puntos.
Cinco años y medio después, en diciembre del 2007, cuando les quedaba por devolver 145.731, efectuaron una novación en la que el crédito aumentó en 40.000 euros cuyo destino era la adquisición de una furgoneta por parte del marido, autónomo en el ramo de la construcción.
CAMBIO
Sin embargo, las condiciones habían variado de manera notable: el matrimonio pasaba a afrontar una cláusula suelo del 4,5% --aunque nominalmente debía ser el euribor más 1,1 puntos-- con un techo del 9,75%, mientras los intereses de demora quedaban fijados en el 19%. De haberse aplicado el interés nominal, este se habría situado en el 2,52% desde septiembre del 2010, en el 3,16 el mismo mes del año siguiente y en el 1,85% un año más tarde. Es decir, entre un 2,65% y un 1,34% por debajo de lo que estaban pagando.
Caja3, el pseudobanco en el que se había integrado mientras tanto la CAI, decidió liquidar la deuda del matrimonio en octubre del 2012 con una cuantía de 189.890 euros tras el impago de principal e intereses por valor de 5.294 euros, correspondientes a algo más de tres cuotas. En diciembre, la entidad financiera instó la ejecución de la hipoteca por un montante de 188.179 euros --principal, intereses y demora-- más otros 56.450 de intereses y costas. El juzgado tramitó la demanda y señaló la subasta de la vivienda para el pasado 6 de junio.
Entre la liquidación de la deuda y la demanda de ejecución, según recoge el escrito en el que la letrada pidió a la jueza que suspendiera la subasta, la CAI, "sin conocimiento de mis representados, embargó la ayuda" de 621 euros que recibe la mujer de la DGA tres veces. Se trata del único ingreso de la familia, que tiene tres hijos, tras haberse quedado sin trabajo el padre tras el crack de la construcción.
TRANSGRESIÓN
El matrimonio pidió a la magistrada que declarara nulas, por abusivas, las cláusulas suelo y techo de la hipoteca --"transgreden el principio de buena fe contractual al ocasionar en detrimento del cliente un desequilibrio de las obligaciones contractuales injustificado y favorable para una sola de las partes", señala el escrito de la letrada--, así como otra que habilitaba a la caja para instar la ejecución al primer incumplimiento.
También solicitaron suspender la ejecución --"será de muy difícil o imposible reparación el daño"-- y la subasta "hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de las cláusulas" y "a fin de evitar una situación perjudicial" para la familia.
"No han pagado esas cuotas porque no han podido", señala la demanda, que añade que "de no existir las cláusulas indicadas, a pesar de las penurias económicas por las que están atravesando, mis representados no estarían incursos en proceso judicial alguno".
Los servicios jurídicos de la caja, que califican de "interés moderado" y "razonable" la cláusula suelo del 4,5% y eleva a 18 la cifra de cuotas impagadas, pidieron a la magistrada que rechazara esas peticiones alegando que, en realidad, se trataba de una "oposición encubierta" a la ejecución que no incluía ninguna de las causas que, antes de la reforma, contemplaba la normativa.
Sin embargo, para la fecha de la subasta Estrasburgo ya se había pronunciado y la reforma de la Ley Hipotecaria había sido aprobada el 14 de mayo. La jueza, aunque la familia había presentado su demanda en marzo, optó por aplicarla: paralizó la subasta y convocó a las partes a una vista, en diciembre, para dilucidar si esas cláusulas son o no abusivas.
