El Arzobispado de Zaragoza y la Conferencia Episcopal han llevado a los tribunales a la universidad pública de la capital aragonesa para reclamar que los planes de estudios de Maestro de Primaria y de Infantil cursen 30 créditos de Religión, el mínimo que el Episcopado exige para habilitar a un docente en esa materia.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (Aneca) aprobó en febrero del 2009 los planes de estudios de Maestro de la Universidad de Zaragoza, que no incluían la Religión como asignatura optativa en Infantil y le asignaban 24 créditos en Primaria.
El arzobispado que dirige Manuel Ureña y la Conferencia Episcopal recurrieron esas decisiones ante el Consejo de Universidades, en un expediente que el director General de Política Universitaria del Ministerio de Educación resolvió al año siguiente incluyendo la de Religión en Infantil y ratificando la situación de Primaria.
Los demandantes sostenían que el plan de estudios inicial vulneraba los Acuerdos Jurídicos entre la Santa Sede y España, de 1979, porque en un caso no incluían la materia y en el otro la contemplaban "en condiciones de inferioridad en peso" con otras asignaturas. Eso, sostenían, conculcaba el derecho de los estudiantes a obtener "una capacitación suficiente" para impartir esa materia y el de "los educandos y sus padres a que se les imparta enseñanza por personal cualificado", además de que "imposibilita nombrar docentes" para la materia en Zaragoza.
El ministerio, en una resolución que ha ratificado la Audiencia Nacional, ordenó incluir la Religión como asignatura optativa en Infantil, pero rechazó de plano la posibilidad de que la Iglesia pueda marcar su peso académico. El acuerdo Madrid-Roma, señala, "no confiere a la Conferencia Episcopal competencia alguna para condicionar la autonomía de las universidades, constitucionalmente consagrada, determinando el contenido mínimo de cualquier materia".
La pretensión del arzobispado, señala el tribunal, "afectaría a la autonomía universitaria" y "equivaldría a que las diferentes confesiones religiosas podrían imponer las valoraciones de las enseñanzas de sus respectivas religiones a tenor de los requisitos que considerasen pertinentes".
